Entre el 2007 y el 2011, la CCSS pagó millones de colones en facturas por tratamientos de acelerador lineal contra el cáncer a la clínica privada Radioterapia Irazú, pese a que muchos de los recibos tenían tachones o corrector tanto en los montos como en la cantidad de sesiones que se les dio a los pacientes del Seguro Social.
Incluso, hubo casos en los que la entidad tramitó el pago de facturas sin que de por medio estuviera un registro médico –obligatorio por reglamento–, con el que se comprobara que un paciente había recibido la atención contratada al ente privado.
Aunque se desconoce el monto exacto de lo cancelado en esas condiciones, se trata de 273 facturas con algún tipo de “debilidad”, según señala un informe de la Auditoría Interna de la CCSS.
En ese estudio se indica que entre enero de 2007 y setiembre del 2011 la Caja pagó ¢4.478 millones a Irazú por dar atención a 3.004 asegurados con algún tipo de cáncer.
Las referencias médicas hacia la clínica se hacían desde el Hospital México, que hasta agosto pasado era el administrador del contrato, antes de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidiera pasar el control del convenio a la Gerencia Médica.
Ayer por la mañana, La Nación intentó obtener el criterio de Radioterapia Irazú, pero su encargada de prensa, Paula Navarro, pidió las consultas vía correo electrónico. Se le enviaron, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Indagaciones. Además de pagos con documentos alterados, la Auditoría comprobó que tres radioterapeutas que participaban en las sesiones de Oncología del México –donde se decidía si el tratamiento se daba en la Caja o en Irazú–, luego atendían a esos mismos pacientes en el centro privado, en donde también laboraban.
Entre los señalados por la Auditoría está el jefe del Radioterapia del México, Álvaro Suárez, quien desde agosto del 2011 fue suspendido por “conflicto de intereses”, al tiempo que la Caja decidió intervenir esa área del Hospital México.
Los otros radioterapeutas que trabajan para la Caja e Irazú son de apellidos Montero y Medina.
Douglas Montero, director médico del México, dijo ayer que desde el 2011 esos médicos ya no participan en las sesiones de Oncología.
Sobre los hallazgos hechos por la auditoría, Montero aceptó los señalamientos del informe, aunque garantizó que ya todas las situaciones fueron corregidas.
Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, y María Eugenia Villalta, gerente médica, dijeron ayer a este diario que hay en curso una investigación administrativa y que en los próximos días abrirán otras tres pesquisas.
Sobre lo evidenciado por los auditores, Balmaceda señaló que no se jugó con la salud de los pacientes, “pero sí con el dinero de la Caja”. Prometió, además, sentar las responsabilidades.
Otros hallazgos. Además del descontrol en los pagos, también se evidenció que el México no tenía una base de datos de pacientes referidos y, en muchos casos, faltaban diagnósticos de la enfermedad, firmas en documentos oficiales y ausencia de los consentimientos informados de los enfermos.
Otras anomalías es que se identificaron casos de tratamientos de acelerador lineal (que tienen un costo actual de $3.200) a pacientes que solo aportaron biopsias o diagnósticos de hospitales privados.
Otro de los cuestionamientos que hace el informe es sobre la calidad de los tratamientos de Irazú, pues de 482 fallecidos por cáncer que recibieron atención en Irazú, la mitad tuvo una sobrevida de un año.
Las autoridades indagan si pacientes de la Caja recibieron sesiones de radioterapia en un acelerador no autorizado.