| Estudiantes se quejan por costos elevados de graduación

Alumnos de ‘U’ privadas pagan hasta ¢360.000 por un trámite

Jóvenes pagan desde ¢23.000 a ¢100.000 por una certificación

En el país no existe un ente que regule las tarifas de papeleos administrativos

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      Los estudiantes de universidades privadas se quejan por las tarifas  de los trámites administrativos. | LUIS NAVARRO
Los estudiantes de universidades privadas se quejan por las tarifas de los trámites administrativos. | LUIS NAVARRO ampliar

“Pagué ¢230.000 por un cartón para graduarme de bachiller en Periodismo”, dijo el estudiante de la Universidad Internacional de las Américas (UIA), Sergio Alvarado Pol.

El joven, de 28 años y vecino de Alajuela, tuvo varios trabajos para costear sus estudios. Incluso contó que pagó más de la mitad de su salario, con tal de obtener el título.

La Nación realizó un reportaje sobre este tema, en mayo del 2012 . Un año después, nuevamente se les consultó a cuatro universidades privadas sobre el monto que cobran por algunos trámites.

Por ejemplo, en la Universidad Latina, la graduación de una licenciatura tiene un valor de ¢112.500. Sin embargo, este monto se aleja de los ¢362.000 que cobra la Universidad Hispanoamericana.

La San Judas Tadeo cobra ¢65.000, pero si se trata de un título de Medicina, el precio aumenta a ¢90.000. No fue posible obtener el dato del costo de graduación en la UIA, a pesar de que se realizaron reiteradas consultas.

Entretanto, un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR), liquida ¢25.000 para graduarse. Esto representa una diferencia de ¢337.000 menos de lo que pagaría en la privada más costosa.

En estos centros educativos, el precio de un certificado de Trabajo Comunal Universitario (TCU), ronda entre los ¢16.100 y los ¢24.500.

Asimismo, si un alumno requiere convalidar materias de otras universidades debe pagar entre ¢24.000 a ¢100.000, no importa la cantidad de materias.

“Los precios son exagerados. Pagar ¢15.000 para que le hagan en 10 minutos a uno una carta es una ridiculez”, criticó María Fernanda Lim-apo Vega, bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Latina.

La Nación también les consultó a las cuatro universidades, ¿en qué se basan para cobrar estas tarifas?, pero no se obtuvo una respuesta al cierre de la edición.

El año pasado, Cindy Madrigal, vocera en aquel entonces de la Universidad Latina, aseguró que para algunos papeleos es necesario cubrir honorarios de abogados y notarios, así como de timbres para el pago de la reposición de un examen.

Cabe reseñar que, desde el 2012, los estudiantes de las universidades privadas utilizan las redes sociales para manifestar su malestar por el costo de los trámites.

El alumno Alvarado Pol catalogó como un “error”, el pensamiento de que todas las personas que asisten a estas casas de enseñanza privada tienen “mucho” dinero.

“Un 48% de ellos trabajan y van a los cursos en la noche. Así ocurre en el caso de la Latina, la cual es considerada por muchos como una universidad de élite”, agregó.

La Directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor, Cinthya Zapata, comentó que un grupo considerable de trabajadores asiste a este tipo de centros de estudio, pues por la flexibilidad de horarios que ofrecen, es su única opción.

La funcionaria recordó que el Estado debe promover las escuelas públicas, sin dejar de lado la supervisión de la calidad de los egresados de las privadas.

“Imagínese a una persona que acudió a una reunión, o que el jefe no lo dejó salir. Ese día tuvo que reponer un examen y pagar un montón de plata, lo cual mina la posibilidad de una persona para poder acceder a la educación”, añadió.

El presidente de Consumidores de Costa Rica, Érick Ulate Quesada, calificó como “complicada”, la situación de los costos, pues en su criterio el alumno solo cuenta con dos opciones: tomar o dejar la oferta que le plantea la universidad.

Por la libre. Actualmente no existe una respuesta clara sobre quién es el ente regulador de los montos de trámites administrativos que establecen las universidades privadas.

El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), y la Dirección de Apoyo al Consumidor, aseguraron que ellos no son los responsables de regular los precios de papeleo.

En el caso del Conesup, su labor se basa en fiscalizar la apertura de universidades, carreras y los aumentos anuales (no las tarifas).

“No hay una ley para regular esto. Lo que les recomiendo a los estudiantes es que cuando matriculen pregunten cuánto cuesta la graduación y los costos adicionales a lo que es la matrícula”, dijo Evelyn Chen, directora del Conesup.

Esta explicación no la compartió el presidente de Consumidores de Costa Rica, quien aseguró que el Conesup tiene una visión “muy laxa”, respecto a las tarifas que cobran en las ‘U’ privadas.

Según Ulate, no existe un “interés” visible por parte de las autoridades públicas. “El Conesup tiene contacto directo con las instituciones educativas, pero no con los alumnos”, comentó.

El año pasado, la Oficina del Consumidor recibió 23 consultas por cobro de tarifas en las universidades privadas, mientras que este año ya suman 7 casos.

El director ejecutivo de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica(Unire), Albán Bonilla, dijo que no tiene conocimiento de cómo es que las universidades privadas hacen el cálculo para establecer estos rubros.

“En el trabajo me pidieron una constancia de notas de la universidad. Por solo llevar timbres y la firma del rector me cobraron ¢12.000. Esto me llevó a buscar otro centro de estudios”, expresó Alvarado.El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), Adrián Blanco, explicó que la institución únicamente cubre gastos de tesis, tesinas, prácticas supervisadas, pruebas de grado, proyectos y derechos de graduación.

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