El 37% de las ayudas en efectivo que entrega el Estado termina en hogares que no son pobres ni están en situación de vulnerabilidad.
Se trata de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), becas educativas del Ministerio de Educación (MEP) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o ayudas directas que da esta última entidad.
Del total de 416.000 beneficios aprobados en el 2012, el 63% se dirigió a hogares pobres o en situación de vulnerabilidad, un segmento que en conjunto representa el 30% de la población costarricense.
Sin embargo, el 37% restante de las ayudas (cerca de 155.000) llega a ese otro 70% de gente que no lo necesita, según un informe de la oficina local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), basado en cifras oficiales del 2012.
En el estudio Reducir la pobreza en Costa Rica es posible: propuestas para la acción , los investigadores analizaron las características de los hogares en condición de pobreza (uno de cada cinco en el país) y en vulnerabilidad; es decir, de personas que podrían convertirse en pobres con un leve cambio de sus condiciones.
También se examinó el impacto de los programas de transferencias monetarias, a los que el Gobierno dedica ¢200.000 millones por año, equivalente al 0,9% del producto interno bruto (PIB).
La pensión del RNC la brinda la CCSS con ¢75.000 mensuales, sobre todo para adultos mayores. De sus 91.000 beneficiarios, el 33% está en grupos ajenos a la pobreza y la vulnerabilidad, una cifra que ha ido aumentando desde el 2006.
Un 33% de las becas educativas también se dirigen a población que no es pobre. Aquí se consideraron a los 185.000 beneficiarios del programa Avancemos (que opera el IMAS) así como del Fondo Nacional de Becas, bajo administración del MEP y que alcanza a 90.000 estudiantes de primaria, de acuerdo con los datos incluidos en el estudio y provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
La inversión en estas becas fue de ¢65.000 millones en el 2012. Su objetivo no es atacar directamente la pobreza, sino ayudar a las familias pobres para que mantengan estudiando a los niños y jóvenes.
Otra ayuda social que se materializa en giros en efectivo es el programa del IMAS, Bienestar y Promoción Familiar, que da ¢50.000 o más a unas 50.000 familias, para un total de ¢35.000 millones en el 2012.
En ese programa, el 22% de los favorecidos pertenecen a los estratos medios o altos de la población.
Mejorar selección. Pablo Sauma y Juan Diego Trejos, autores del estudio para el PNUD, hicieron ver el impacto importante de los programas de transferencia monetaria sobre la pobreza y señalaron que, si estos no existieran, la población pobre podría llegar al 23%.
También identificaron que hay hogares en pobreza extrema a los que no llegan las ayudas.
“Hay que mejorar la selección, la coordinación y la sostenibilidad financiera. El aporte de las transferencias en efectivo es importante, pero tampoco es la solución”, manifestó Trejos.
Pero para su compañero de investigación, Pablo Sauma, el porcentaje de las filtraciones “no es tan elevado”.
Una parte del informe abordó las políticas económicas y su relación directa con la situación de pobreza, por vía de generación del empleo, incluida también la necesidad de hacer cumplir la ley del salario mínimo. Se da por hecho que la violación a este derecho afecta a siete de cada 10 pobres, de acuerdo con el documento entregado ayer.
Entre las conclusiones, señalan que con un reforzamiento de los programa de transferencia de dinero cercana a los ¢73.000 millones (0,3% del PIB) podría eliminarse la pobreza extrema, un objetivo del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Advirtieron, sin embargo, de que esta no sería una solución ideal porque, además, puede generar dependencia en el beneficiario.
El ministro de lo social y presidente del IMAS, Carlos Alvarado, estimó necesario priorizar estas ayudas para la población más pobre. “Hay que cambiar eso y mejorarlo. La prioridad deben ser los estratos más pobres”.