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Detalles ridículos atrasan expropiaciones para obras públicas

Actualizado el 12 de abril de 2017 a las 10:00 pm

Procuraduría afirma que falta de carros, choferes y viáticos entorpece procesos de notificación y entrada de posesión de lotes

MOPT reconoce problemas de logística en adquisición de propiedades para vías

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Detalles ridículos atrasan expropiaciones para obras públicas

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La ampliación de los puentes sobre el río Virilla, en la ruta 32 a la altura de Tibás y en Lindora, Santa Ana y el paso a desnivel en la rotonda de Las Garantías Sociales son tres de los proyectos que presentan atrasos por expropiaciones.

No hay carro para hacer una notificación, no hay un chofer o viáticos disponibles para llevar al juez y su auxiliar a la entrada en posesión de un lote, no están claras las direcciones para notificar a las partes o los juzgados no coordinaron a tiempo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) algún trámite.

Esas son algunas de las cosas que, según Bernardo Lara, procurador adjunto, atrasan los procesos de expropiación de terrenos para construcción de obra pública.

El largo proceso de expropiación. (William Sánchez)

A los problemas de logística se suman la burocracia estatal, una compleja legislación en materia de expropiaciones y la existencia de solo cinco jueces para atender cientos de expedientes. 

Por ejemplo, solo entre la construcción de Circunvalación Norte, los pasos a desnivel en Circunvalación y la ampliación de los puentes sobre el río Virilla en la ruta 32 y Lindora, en San José, hay 81 trámites de expropiacion estancados en diferentes fases que impiden iniciar los trabajos.

Otras obras, como la nueva vía a San Carlos y la carretera entre Chilamate, en Sarapiquí, y Vuelta Kooper, en San Carlos, también han sufrido contratiempos en los últimos años por la compra de terrenos para su desarrollo.

Desde el 2014, la Asamblea Legislativa ha aprobado reformas a la Ley de Expropiaciones con el fin de agilizar los procesos, pero en la práctica las modificaciones no han dado resultados.

"El tema de las expropiaciones no se mejora con reformas legales. ¿Por qué lo digo? porque por más que se hagan reformas a la ley, si no tienes el recurso humano, la disposición y el compromiso de los funcionarios administrativos y judiciales no vas a obtener resultados", señaló Lara, quien trabaja en expropiaciones desde 1987.

El abogado explicó que, en ocasiones, la Procuraduría General de la República (PGR, órgano que funge como abogado del Estado) pide al juez autorización para asumir la notificación de las partes con el objetivo de apurar los asuntos, pero a la hora de emprender la tarea enfrentan diferentes obstáculos.

"Uno le dice al DABI (Dirección de Adquisición de Bienes Inmuebles, del MOPT): 'Necesito ir a notificar esta resolución allá a Sarapiquí' y lo primero que responden es: 'espere para ver si tenemos carro' porque no hay vehículos para transportarse y hay que andar buscando en otras áreas quién presta un carro para ir a notificar', agregó el procurador.

Otra muestra de las deficiencias del sistema es que la oficina de la Procuraduría que atiende expropiaciones solo dispone de dos personas.

Según la PGR, la suspensión de algún trámite por falta de recursos ocasiona su reprogramación hasta dentro de tres meses después.

Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes y jerarca de la misma DABI, reconoció las debilidades estatales a la hora de ejecutar este tipo de gestiones.

"En efecto tiene que haber una colaboración de nuestra parte para dar recursos del Poder Ejecutivo para la consecución de esos trámites (expropiaciones), pero son problemas que no le corresponde al Ejecutivo resolver. Estamos proponiendo una modificación donde hay plazos y hay que cumplir esos plazos. Los diferentes poderes deberían hacer ajustes y poner los recursos que se necesiten para cumplir esos plazos", comentó Villalta.

¿Cómo funciona?

La Ley de Expropiaciones vigente establece que si el dueño de una propiedad por expropiar no está de acuerdo con el monto fijado en el avalúo administrativo puede objetar ese monto ante los juzgados.

No obstante, mientras la disputa legal entre el Estado y el dueño se resuelve, el inmueble puede pasar, luego de la autorización del juez, a manos estatales. Este trámite se conoce como entrada en posesión.

La normativa tiene el objetivo de asegurar el desarrollo de las obras públicas y preservar el interés público. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no se cumple.

La Procuraduría sostiene que al momento de gestionar las expropiaciones, los plazos establecidos en la legislación no se respetan por las situaciones antes mencionadas.

Por ejemplo, según indica la jurisprudencia, cuando se expropia un local comercial se debe calcular el valor del terreno y la construcción allí instalada, las cuales se agrupan en un expediente. Mientras, la indemnización por los ingresos comerciales futuros se incluyen en otro sumario independiente.

El asunto fue diseñado así para evitar demoras, pero los jueces, aseguró Lara, han acostumbrado atender los dos temas de manera paralela, lo cual genera inconvenientes.

"¿Qué es lo que hace el juez? Por práctica de ellos, que ellos mismos se han ideado, llevan los expedientes hasta un mismo estado procesal y cuando llegamos a ese mismo estado procesal entramos en posesión del terreno y de la práctica comercial", manifestó el procurador adjunto.

"La nueva modificación que estamos gestionando ante el Congreso trata de integrar esos dos expedientes en uno solo, valorar las dos cosas en un mismo momento", afirmó el jerarca del MOPT.

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Diego Bosque G.

diego.bosque@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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