El Estado emplea 14 grandes programas para otorgar numerosas ayudas a personas de escasos recursos, sin embargo, casi medio millón no reciben ningún apoyo por parte del Gobierno.
De las 1.096.000 personas que viven en la miseria, 610.000 perciben algún beneficio estatal. Esto significa que 485.214 pobladores pobres no están cubiertos por la asistencia gubernamental.
La cooperación estatal va desde alimentos, becas, vivienda y pensiones hasta centros de cuido para niños y ancianos.
El Gobierno concede esos beneficios a las familias de escasos recursos con el fin de mejorar su calidad de vida y darles oportunidades para salir de su condición.
El Bono Familiar de la Vivienda, el Régimen No Contributivo de Pensiones y los Comedores Escolares son parte de las iniciativas sociales selectivas con las cuales cuenta el país para administrar las ayudas a las familias más necesitadas.
Los proyectos son manejados por nueve entidades, entre ellas, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Fondo Nacional de Becas (Fonabe).
Del total, ocho programas y cuatro instituciones se crearon durante los últimos cinco gobiernos. Entre los iniciativas más recientes destacan Avancemos, la Red Nacional de Cuido y el Ministerio de Bienestar Social.
Esa estructura social dedicada a paliar las carencias de la población pobre le cuesta al país casi el 2,5% del producto interno bruto (PIB), siendo una de las naciones de América Latina que gestiona más recursos para ese sector.
Así lo indicó Juan Diego Trejos, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
A pesar de la alta inversión, ninguna autoridad pública conoce, a ciencia cierta, cuánto de esos recursos llegan, finalmente, a las manos de los pobres.
La Nación realizó ese cálculo, con base en la recolección de datos de los sistemas de Transparencia, y de Presupuestos de la Contraloría General de la República, de los informes de ejecución del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), y de cifras brindadas por las instituciones a cargo de los proyectos.
Según esos datos, en el 2011 el total de recursos que llegaron a los pobres fue de ¢374.994 millones. En el 2012 fueron ¢444.043 millones y para el 2013, el rubro alcanzó ¢491.221 millones.
De esa forma, en los últimos tres años la inversión realizada por el país para atacar la miseria creció un 21,3%.
A pesar de que los mandatarios han apostado por más programas, instituciones y dinero para reforzar la lucha contra la miseria, en las últimas dos décadas, el índice de pobreza de Costa Rica se ha mantenido estancado en alrededor del 20%, y la necesidad extrema en el 6%.
Causas. Para Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, no es necesario más recursos, sino corregir algunas deficiencias de la política selectiva, como la descoordinación y la duplicación.
“Son muchas prácticas aisladas entre las instituciones; además, algunos programas se duplican”, aseguró Morales.
Según Trejos, otro defecto del sector es la falta de liderazgo.
“Son muchos programas distintos en diferentes instituciones y no hay un ministro rector. Siempre ha habido un problema de coordinación y autoridad”, señaló.
Otro elemento que minimiza el impacto de los programas es que no todos los recursos recaen en los más necesitados. Una razón de esa deficiencia es la falta de una base de datos completa de la población pobre que permita identificar y llegar a los más vulnerables.
“Las familias en situación más extrema tienen más dificultades de acceder (a los beneficios) porque viven en lugares apartados o no tienen información”, apuntó Trejos.
Otro factor contraproducente son los cambios de gobierno.
“Cada cuatro años, el Gobierno llega con su plan estrella de combate a la pobreza y echa atrás los logros de la administración anterior”, explicó Morales.