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La Procuraduría General de la República (PGR) determinó en el 2005 que dejar fondos donados al Gobierno en manos de “unidades ejecutoras”, como el BCIE, constituye una violación a la Ley de la Administración Financiera de la República.
“No se prevé el ingreso de esos fondos al Presupuesto Nacional, por una parte, y su gestión se pretende realizar con absoluto desconocimiento de lo dispuesto en la ley”, mencionó la entidad –“abogada del Estado”– en respuesta a una consulta del Congreso.
El oficio C-210-2005 se refiere a un convenio que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) había ofrecido para la “modernización” de la Asamblea Legislativa, el cual finalmente no se materializó.
La procuradura general, Ana Lorena Brenes, confirmó ayer la veracidad del documento, pero declinó hacer comentarios sobre la legalidad de las donaciones de $2 millones del BCIE a este Gobierno y sobre el mecanismo utilizado, al margen del Presupuesto y sin controles estatales.
El BCIE también administra $1,5 millones que donó Taiwán en octubre del 2006 para “mejorar la calidad de vida de 600 familias de Rincón Grande de Pavas”.
Brenes también descartó que la Presidencia de la República, o alguna otra entidad pública, haya consultado la legalidad de la ejecución en este Gobierno de los programas “Fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo”.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, admitió a La Nación que el Gobierno no quiso recibir los $2 millones, pues al manejarlos el BCIE se evitaron los requisitos normales del sector público.
“Si queríamos esto era precisamente para tener agilidad”, expresó Rodrigo Arias el viernes.
Caso similar. Un caso similar a este citó la PGR en el oficio enviado al Congreso en el 2005. Se trataba de donaciones para el Ministerio de Economía.
Las opiniones de la PGR no son de acatamiento obligatorio.
“La Procuraduría considera que no existen los supuestos para que se constituya una ‘oficina ejecutora’ de los fondos, mucho menos para que esta organización contrate personal”.
Y agrega: “Un punto que también es dudoso es quién asume la responsabilidad por las contrataciones realizadas con base en esta cláusula”.
Sobre la naturaleza del dinero, la Procuraduría fue clara: “A partir de que los fondos donados ingresen al patrimonio del organismo público, no pueden ser administrados por terceros, salvo autorización expresa del ordenamiento”.
La resolución subraya, además, que los fondos de “cooperación financiera no reembolsable” (donación) deben entrar al Presupuesto. El Gobierno insiste en llamarlo “cooperación técnica”.
