EscucharCosta Rica deberá defenderse ante un Tribunal de Arbitraje en el extranjero luego de que la firma canadiense Industrias Infinito –a cargo del proyecto minero Crucitas– oficializara ayer la demanda contra el Estado por violar la concesión.
La vocera de la firma Yokebec Soto no ahondó en el tema, pero recordó que desde el 4 de abril del 2013 le notificaron al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) la intención de ir al proceso de mediación.
La confirmación de llevar el desacuerdo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos, fue emitida por la casa matriz Infinito Gold.
En un comunicado de prensa, la empresa alegó que la demanda surge a raíz de “una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones”.
“Se le dijo, pero durante seis meses el Gobierno no respondió nada; el plazo se le venció en octubre. Hoy iniciamos con el arbitraje. Comex ya está notificado, lo que significa que Costa Rica debe responder ante el CIADI ahora”, manifestó Soto a La Nación .
Estimó que el caso duraría tres años. Ahora lo que procede, según el reglamento del organismo, es nombrar el Tribunal de Arbitraje.
Industrias Infinito reclama $94 millones (unos ¢49.000 millones) como compensación por la inversión que hizo desde el 2003 en Crucitas, más intereses y costas.
Tema controversial. El 30 de enero del 2002, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez otorgó la primera concesión a Infinito. Ese día, el diario oficial La Gaceta informó de que lo único que faltaba para que la firma explotara oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos, Alajuela, era un estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, el proyecto no dio pasos significativos hasta que, el 13 de octubre del 2008, el presidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron el decreto número 34801-Minaet, donde lo declararon “de interés público” y de “conveniencia nacional”.
El acuerdo facultó a la minera para que talara árboles, “inclusive de las especies que estén vedadas”.
Disconformes con estas decisiones, las organizaciones ambientalistas Apreflofas y Frente Norte por la Vida (Unovida) acudieron al Tribunal Contencioso.
Luego de casi un mes de juicio, la sentencia del 24 de noviembre del 2010 decidió la anulación del contrato. Los jueces encontraron irregularidades en los permisos y determinaron daño ambiental debido a la corta de árboles almendro amarillo, protegidos por ley.
La decisión del Tribunal fue ratificada en el 2011 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se anuló el decreto que declaraba de interés público el proyecto minero Crucitas. Además, se le ordenó a Infinito indemnizar al país por los perjuicios causados.
Conciliar. Soto recordó que es posible llegar a un acuerdo amistoso durante cualquier etapa del arbitraje, aunque para la empresa solo hay dos opciones: que el Estado pague el monto que solicita o, que le permita seguir con el proyecto.
Carlos Roverssi, ministro de Comunicación, explicó que el conflicto Crucitas ya se había resuelto aquí mediante una decisión judicial y por eso se abstenía de opinar.
“Será el próximo Gobierno el que desarrolle una defensa del país en los tribunales internacionales. Si la situación se desarrolla en lo que queda de este gobierno, tendremos que responder”, externó.
El ministro de Ambiente, René Castro, tampoco emitió criterio. No obstante, cuando en octubre conoció sobre la posible demanda, dijo: “Costa Rica tiene vigente un decreto y una ley que no permiten proyectos a cielo abierto en el futuro. Le tocará al Minae y el Comex ejercer la defensa del Estado”.
