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Geannina Dinarte rechaza arbitrariedad en acciones contra hoteles y restaurantes

Ministra de Economía: El Gobierno no actúa contra la libertad de comercio de empresas vinculadas a Uber

Actualizado el 22 de agosto de 2017 a las 11:27 am

Asegura que esta primera revisión es una 'advertencia clara' para otras compañías

Afirma que los servicios de hospedaje Airbnb son un caso diferente; son informales pero no ilegales

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Ministra de Economía: El Gobierno no actúa contra la libertad de comercio de empresas vinculadas a Uber

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Geannina Dinarte Romero, jerarca de Economía, Industria y Comercio. (Alejandro Gamboa Madrigal)

San José.

Geannina Dinarte Romero, ministra de Economía, Industria y Comercio, asegura que la institución continuará actuando contra empresas que ofrezcan promociones ligadas al servicio de transporte Uber, declarado ilegal por el Gobierno. Medios de comunicación y empresas de publicidad exterior también están en la mira.

En entrevista telefónica este lunes, también explica por qué la plataforma de alquiler de casas Airbnb no recibirá el mismo tratamiento y cómo, según ella, el Gobierno está inmune a incurrir en alguna ilegalidad por hacer interpretaciones sobre libertades en materia de comercio y promoción. Este es un resumen de esa conversación. 

– Las notificaciones a empresarios la semana pasada han generado mucha discusión y críticas hacia el Gobierno. El propio presidente se ha metido, en redes sociales, a alimentar el debate.

– Quiero resaltar que el Gobierno no actúa arbitrariamente, ni contra la libertad de comercio. Estamos ante una situación en la cual, empresas formales promocionan un servicio ilegal. Ahí nos exponemos a publicidad engañosa para los consumidores.  Jamás inhibimos el desarrollo empresarial, lo que deseamos es la formalidad del sector productivo.  Según la Ley 7472, tenemos responsabilidad sobre la promoción, todo el año hacemos verificaciones y hacemos verificaciones con distintos comercios y mercados. Esta no es una acción exclusiva para Uber.

– ¿Cómo es la dinámica con estas notificaciones, si detectan actúan o dependen de denuncias?

– Tenemos una responsabilidad en el tema de publicidad y promociones de que la información sea veraz, oportuna y suficiente. Todo el año hacemos revisiones en los mercados. Incluso desarrollamos un observatorio de comercio electrónico con el cual identificamos publicidad y promociones que requieren ajuste en el mundo digital. Por ejemplo, en Internet hay oferentes que no indican precios servicios y bienes que no se ponen los precios exactos como sí ocurre en las tiendas físicas. Y seguiremos haciendo verificaciones de todo tipo.

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– ¿Tiene el MEIC suficientes recursos para inspecciones en Internet y en las tiendas físicas para detectar estas anomalías?

– Casi siempre hacemos incursiones en el mercado cuando hay fechas y temporadas de compras y planificamos con detalle a lo largo del año. Es bien sabido que esta cartera es pequeña y tiene una capacidad de acción limitada en personal. Aún así, no renunciaremos a las obligaciones que nos impone la ley. Programamos muy bien las salidas al mercado (a fiscalizar). Con la plataforma de comercio electrónico se nos facilitará todo más y rápidamente.

Esto no va contra la libertad de comercio, ni contra la libertad de mercado. Aquí lo que le estamos diciendo a las empresas es ¿cómo se vinculan con una empresa ilegal? ¿Desde cuándo restringir la operación de una empresa ilegal con una legal es una libertad? ¿Quieren las empresas formales operar con las ilegales o informales?

– En el caso de estas empresas y sus promociones con Uber, estas vencieron días antes de la notificación del Ministerio, ¿procede la notificación?

– Efectivamente, es una ventaja para las empresas porque mucha de la publicidad tuvo que ver con el Día de la Madre. En otros casos, sin embargo, son promociones permanentes. Incluso algunas empresas prevenidas anunciaron que seguirían con las promociones. Me resulta muy complejo que estemos en este momento con empresas deseando hacer lazos comerciales con otras en la informalidad o la ilegalidad. Más bien esto resta competitividad a las legales. Resulta extraño.

– ¿Cuándo podrían haber resoluciones para esos casos? 

– Pasados los tres días, pasamos el caso a la Comisión Nacional del Consumidor. Debo aclarar que ese es un órgano desconcentrado del MEIC, opera con sus propios ritmos. Ni yo como ministra conozco cómo podría ser el tema de los plazos y tiempos. Debemos dimensionar que la Comisión tiene muchos casos, además de Uber.

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– Pero entonces, ¿van a notificar a más empresas que venden servicios o tienen relación con Uber?

– Aquí la lógica es que tendríamos que actuar en todos aquellos casos con las debidas prevenciones donde se logre demostrar la misma práctica. Creo que esta primera salida al mercado genera una advertencia clara. Las empresas suelen entender la señal y corrigen.

– Pero si eso es así, hay bancos, por citar un ejemplo, que dan servicios a Uber

– Bueno, aquí es importante resaltar que esto está ligado solo con publicidad. Si un banco hace publicidad con Uber, entonces sí porque el banco sería en ese contexto socio comercial de Uber y deberá ser prevenido. Si es una empresa de vallas que promociona, del mismo modo se debe prevenir. Si es un medio de comunicación, por supuesto también al ser una empresa de comunicación emitiendo la publicidad de una empresa en la ilegalidad.

– Si Uber se anuncia por distintos canales y plataformas, y eso constituye una publicidad engañosa, ¿por qué el MEIC no se va a directo a Uber e interrumpe de raíz la emisión de los mensajes?

– Es una excelente pregunta. El razonamiento es que Uber es una empresa actuando en la ilegalidad y así lo respalda el fallo de la Sala Constitucional 2791 donde dice que todo transporte remunerado de personas debe restringirse a la lógica del transporte público. La directriz presidencial lo dice. Si Uber está en condición de ilegalidad, ¿quién es su representante legal entonces?

– La ilegalidad declarada es contra el servicio de transporte, pero la empresa existe formalmente en el marco legal de Costa Rica. Hay incluso un gerente general.

– En este momento nos resulta muy complejo pensar que podríamos hacerlo (actuar directamente contra Uber) como un acto legal porque no tengo una representación legal en el país (contra la cual dirigirse).

– Pero ellos formalmente están registrados, que el servicio esté en la ilegalidad es distinto.

– Bueno, por supuesto, pero en este momento no tengo una interlocución válida con este actor porque su operación versa sobre esta actividad ilegal. Esa es una limitación que tenemos. No queremos actuar excediéndonos en el cumplimiento de la ley pero sin dejar de hacerlo. Aquí tenemos una dificultad real para hacer una notificación directa. Es una dificultad real.

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– Uber lleva tiempo en Costa Rica. ¿por qué hasta ahora se va contra las promociones? Hace semanas, los taxistas presionan al Gobierno para que persiga más las actividades de esta empresa. ¿Se inserta en esa coyuntura la actuación reciente del MEIC?

– Nosotros, para empezar, efectivamente no habíamos tenido en el pasado mayor participación. Lo que pasa es que se ha venido presentando más publicidad de esta compañía con socios comerciales. Hasta hace poco tiempo, la empresa se promocionaba en forma individual, pero ahora es en conjunto. Para el Día de la Madre, hicimos estas verificaciones y mucho tenía que ver con comercio electrónico y, nuestro departamento de comercio electrónico, es muy reciente, apenas tiene como dos meses y, luego de estructurar el departamento, pues hasta hace poco tuvimos capacidad de ver este tema. Es la primera vez que salimos incluso con el tema de comercio electrónico. Sí ha coincidido con estos tiempos. 

– ¿Cómo concluye su cartera que todo contrato entre Uber y otras empresas es ilegal? ¿Acaso no se expone a una ilegalidad el propio Gobierno por hacer interpretaciones sobre otras libertades?

– No, no, no. El voto de la Sala es claro en llegar a reiterar que todo servicio de transporte remunerado de personas debe cumplir con la ley y eso nos sitúa en el plano del transporte público. Esa es la gran diferencia respecto a Airbnb (servicios de hospedaje). Aquí estamos en el debate de dos plataformas de la nueva economía. Una presta servicios de hospedaje y ha sido criticada por el sector hotelero al ser una competencia desventajosa porque no pagan impuestos, ni cargas sociales. Mientras Airbnb no pague esos rubros, estará en la informalidad. Pero, si lo hiciera, puede formalizarse. Con Uber las cosas son distintas. La plataforma no es el problema, el asunto es que apunta a un servicio regulado.

– ¿Implica esto que esta cartera no perseguirá con la misma intensidad a Airbnb?

– Si, claro. En ese caso no es una operación ilegal, es informal. Actuamos para procurar la formalidad de las empresas, eso sí. Pero la dimensión es distinta. Airbnb debe formalizarse y pagar las cargas e impuestos. Uber es otro asunto.

"Esto no va contra la libertad de comercio, ni contra la libertad de mercado. Aquí lo que le estamos diciendo a las empresas es ¿cómo se vinculan con una empresa ilegal? ¿Desde cuándo restringir la operación de una empresa ilegal con una legal es violar una libertad? ¿Quieren las empresas formales operar con las ilegales o informales? Eso le resta competitividad al país y a las empresas. Me cuesta entender cómo es posible que empresas que han hecho esfuerzos por legalizarse ahora quieren ligarse a empresas ilegales".

– El servicio formal de transporte público en el país se percibe como un desastre desde distintos sectores de la ciudadanía. Quizás eso empuja a los usuarios a servicios informales o ilegales de transporte.

– Si esa es la situación, debemos ampliar el marco de competencia, la cantidad de oferentes y nuevas regulaciones para ese nuevo espectro de la operación de las empresas que brindan servicio de transporte. Si el malestar ciudadano es en transporte, hay que hacer mucho por revisar...

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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