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Reducir o cerrar programas de asistencia social sería una de las medidas que adoptaría la Iglesia católica si el Tribunal Contencioso-Administrativo le ordena pagar cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como cualquier patrono.
Esa alternativa la planteó ayer a La Nación el arzobispo de San José, José Rafael Quirós.
El prelado se refirió a proyectos financiados por la Iglesia, como hogares de ancianos, asistencia a personas con discapacidad y comedores para niños pobres.
La Conferencia Episcopal demandó a la Caja para evitar pagar cuotas obrero-patronales de 1.150 sacerdotes, capellanes, seminaristas y religiosas que tiene registrados ante la entidad aseguradora.
El episcopado sostiene que no existe una relación obrero-patronal entre la Conferencia Episcopal y los curas, como lo afirma la Dirección de Inspecciones de la Caja.
“La relación entre el sacerdote y la diócesis a la que pertenece no es una relación laboral tal y como se entiende en el mundo secular”, argumentó Quirós.
José Rafael Fernández, abogado de la Conferencia Episcopal, alegó que existen informes de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Trabajo que concluyen que no hay relación laboral entre el clero y la Iglesia.
“La regulación del sacerdocio, de sus funciones y remuneración evidencia que no prestan servicios bajo una relación laboral, por lo que no pueden ser considerados trabajadores para los efectos del artículo 75 de la Ley de Protección al Trabajador”, reza un informe de la Procuraduría –emitido en abril de 2011– firmado por la procuradora, Magda Rojas.
Por su parte, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, dijo que la institución tiene autonomía para decidir la línea de recaudación de cargas sociales.
“En materia de inspección y de aseguramiento, la Caja tiene una ley especial, que es la Ley Constitutiva, y tiene una autonomía en aseguramiento y afiliación de trabajadores”, concluyó Picado.
