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El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) desconoce la condición real del 75% de las familias a las que les gira ¢97.000 millones al año para combatir la pobreza.
Según Carlos Alvarado, ministro de Bienestar Social, la institución no tiene suficiente personal para verificar si la información suministrada por las personas que piden ayuda es veraz o no.
En la actualidad, el IMAS atiende –con diferentes ayudas– a poco más de 15.000 familias.
El Instituto solo realiza visitas de control al 25% de los hogares que obtienen un subsidio por primera vez, mientras que la supervisión para los que han recibido alguna ayuda anteriormente se reduce al 15%.
Un informe de la Auditoría Interna del IMAS señaló, el año anterior, la falta de capacidad para constatar los datos aportados por las personas a las que se les giran dineros de programas sociales.
“El debilitamiento del sistema de control interno se origina principalmente en la poca disponibilidad de recurso humano para realizar una adecuada supervisión de la información que se ingresa al Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO)”, revela el informe.
“La información brindada por los beneficiarios puede resultar inconsistente, no real y distorsionada”, añade el documento, del cual La Nación tiene una copia.
El SIPO es la principal base de datos que usa el IMAS para registrar familias en condición de pobreza o pobreza extrema. Ese sistema registra a julio 438.000 familias en esas situaciones, las que representan 1,4 millones de personas. No todas reciben ayudas.
“Eso se hace por muestreo y por capacidad institucional, si se hiciera un control mayor, pues, entraríamos en menor capacidad de ejecución. Si entramos a hacer verificaciones uno a uno, sería bastante intensivo, pero sería lo ideal”, dijo Alvarado.
Desde inicios de 2013, el IMAS solo se basa en los datos aportados por los hogares en la Ficha de Información Social (FIS) para decidir a cuáles familias otorgar ayudas.
“Que lo ideal sería poder verificar todo. Sí. Que hay capacidad instalada para hacer todas las verificaciones. No”, añadió Alvarado.
El jerarca aseguró que están buscando reducir trámites y mecanismos para efectuar una mayor control sobre los beneficiarios.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Hogares, en el país hay 1,3 millones de hogares, de ese total 20,7% vive en la pobreza y 6,4 % en pobreza extrema.
Manos equivocadas. Un informe publicado en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte de que buena parte de los recursos asignados a combatir la pobreza llegan a personas que no los necesitan.
Por ejemplo, según el estudio del PNUD, una de cada cinco becas del Programa Avancemos, diseñado para mantener a colegiales en las aulas, cae en alumnos ubicados en los niveles socioeconómicos medios. Solo el año pasado, Avancemos giró ¢47.000 millones a 133.000 familias.
Las ayudas en efectivo, dadas por el IMAS mediante el Programa Bienestar Familiar, corren la misma suerte ya que el 8,2% va a beneficiarios que no son pobres. El año pasado el IMAS depositó ¢39.000 millones a 84.000 hogares.
“Tenemos importantes desafíos en saber con nombres y apellidos y darle seguimiento a esas personas que están recibiendo ayudas, sobre todo en los programas de mayor escala”, comentó Natalia Morales, investigadora social del Programa Estado de la Nación.
