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San Jose.
En tres años, el ICE hizo compras de bienes y servicios por ¢6.000 millones a padres, hijos o cónyuges de 59 de sus funcionarios, lo cual la Contraloría General de la República (CGR) califica como "riesgoso".
Se trata de más de 240 contratos por exactamente ¢5.932 millones realizados en el periodo que va del 2012 al 2015, según el informe DFOE-IFR-IF-00001-2017 de la CGR.
La revisión consistió en una auditoría de carácter especial sobre la forma en que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adquiere bienes y servicios, realizada a partir de información de la plataforma de compras estatales Mer-link y otras bases de datos públicas, así como de varios métodos de análisis estadístico ligados a la actividad contractual de esa empresa pública.
Según el documento, el Instituto controla los posibles conflictos de interés con apoyo de declaraciones juradas, sin embargo, carece de procedimientos que verifiquen si esas declaraciones son veraces. Por esa razón, recomendó al Instituto llevar a cabo análisis de riesgo de manera periódica.
¿Por qué la CGR considera "riesgoso" el procedimiento. 1. Porque cree necesario adoptar normas para que la entidad verifique si realmente el bien o servicio es necesario. 2. Porque cree conveniente que se verifique si el bien o servicio se requiere en las características o cantidades estipuladas. 3. Estima prudente garantizar que no hay injerencia del oferente.
El ICE presentó un recurso de revocatoria con apelación ante la Contraloría. Además, el 24 de marzo, interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo en un intento de suspender las disposiciones.
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Esa medida cautelar sigue pendiente de resolver, precisó el Instituto en un comunicado.
Las adquisiciones
De acuerdo con la auditoría, el riesgo de estas contrataciones es que las declaraciones juradas que rinden los contratistas pueden ser falsas o inexactas. De ser así, se incurriría en un delito al tiempo que se expone el proceso a malas prácticas.
"Emergen mayores riesgos de comprometer la objetividad y la independencia de las decisiones por parte de la Administración en las distintas fases del proceso de contratación pública. Así, esta vulnerabilidad genera el riesgo de afectar los precios, la programación, la calidad del producto final y el logro de los objetivos estratégicos", señala el documento.
Entre las más de 240 contrataciones adjudicadas a estos 59 oferentes hay servicios de administración y soporte informático; desde compra de licencias para software hasta adquisición e instalación de sistemas de aire acondicionado, así como equipos varios de seguridad para personal (calzado, máscaras de soldadura, guantes o arneses).
También hay contratos para compra de repuestos y equipos de seguridad para instalaciones, materiales eléctricos, telefónicos, de cómputo, de construcción, plásticos, metálicos, lubricantes y herramientas, aceites, pinturas y disolventes; cableado, tuberías, repuestos para plantas eléctricas, equipamiento y respuestos hidráulicos, maquinaria especializada, puertas, ventanas y compra de alimentos.
Para la Contraloría, es necesaria una mayor comprobación para determinar si hay motivos de prohibición y eventuales conflictos de interés. Por ello dispuso que el ICE debía elaborar periódicamente un análisis de riesgo del proceso de contratación administrativa.
Esto abarcaría contrataciones directas por escasa cuantía y por excepción, licitaciones abreviadas, licitaciones públicas nacionales e internacionales y procedimientos confidenciales.
En cada caso, se solicita al ICE verificar los alcances de las declaraciones juradas y confirmar la ausencia de conflicto de interés. El Instituto, sin embargo, se opone a estas medidas.
Según un comunicado del ICE, la disposición de la CGR "pretende imponer requisitos y disposiciones referentes a sus procedimientos de contratación administrativa, no previstas en la Ley de Modernización de las Entidades Sector Telecomunicaciones (No. 8660)".
Para el Instituto, tales disposiciones le causarían un "detrimento económico estimado en ₡5.895 millones", añade el comunicado.
Estima, por ejemplo, que aplicar las medidas atrasaría en cinco meses la compra de bienes y servicios para la atención oportuna de sus clientes lo cual "generaría una fuga cuantiosa de clientes del sector de telecomunicaciones", indica el comunicado.
Según el ICE, el golpe financiero en telecomunicaciones sería por ₡3.614 millones debido al supuesto impacto en la recuperación de clientes. El Instituto, sin embargo, no detalló cómo calculó esa cifra.
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"El informe de la Contraloría General de la República señaló que 59 oferentes tenían algún vínculo familiar con trabajadores del ICE, ese número representa mucho menos de un 1% del total de ofertas recibidas. Además, no encontró que alguno hubiera estado sujeto al régimen de prohibiciones en contratación administrativa.
"Pese a eso, exige que toda declaración jurada rendida por lo oferentes respecto de estas prohibiciones, debe ser corroborada, lo que va contra el principio de la buena fe que es fundamental en los procedimientos de contratación administrativa", añadió el Instituto.
Además, alega que el "entrabamiento" que pretende la Contraloría, haría más largos los procesos y más caros, situación que podrían en desventaja al ICE.
Más riesgos
La Contraloría también halló que en la planificación de cada contratación directa u ordinaria no se evidenció nexo con algún proceso de planificación institucional. El ICE, continúa el análisis, tampoco posee márgenes de precios ruinosos o excesivos, ni procedimientos de control o seguimiento de la decisión inicial de las contrataciones directas.
La CGR detectó que en el 2014, un 94% (1.704) de los procedimientos realizados por el ICE corresponden a contrataciones directas, 5% (89) a licitaciones abreviadas y en ese año solo se realizó una licitación pública.
En el 2015, la dinámica se repite: 94% (1.545) fueron contrataciones directas y 5% (86) a licitaciones abreviadas y al igual que en el 2014, solo una licitación pública.
Lo anterior, según la CGR, pone de manifiesto que las contrataciones directas se ha convertido en la regla.
Si bien la CGR reconoce una "fuerte presión por demostrar que se pueden hacer compras en menor tiempo", también señala que ciertos bienes, por su naturaleza, impacto financiero, condiciones de seguridad y calidad inherentes, requieren tomar el tiempo justo para proteger la inversión pública a realizarse.
La Contraloría aclara que el ICE es ahora una empresa pública en competencia dotada además con un régimen especial de contratación administrativa, pero que, esta condición se "debe acompañar de mecanismos para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus fines, metas y objetivos a partir de un uso eficiente de los recursos públicos a su cargo".
Al respecto, se descubrieron problemas con el cobro de multas en la fase de gestión contractual por atrasos en la entrega de algunos bienes y servicios.
Por ejemplo, en seis de doce contrataciones revisadas en las que se atrasó la entrega de bienes o servicios (demoras de entre ocho y 52 días), no se realizó el cobro de las multas correspondiente según el plazo estipulado en el cartel.
Asimismo, en una de las contrataciones se presentaron tres empresas que habían tenido atrasos en la entrega de bienes y a ninguna se le había gestionado el cobro de la multa correspondiente.
