san carlos. Los caminos en mal estado, llenos de lodo y rodeados de casas desocupadas, en Crucitas de Cutris, retratan el olvido de un pueblo al que le prometieron oro, pero terminó estancado en el olvido y la desolación.
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión otorgada a la empresa Industrias Infinito (en el 2008) para explotar una mina de oro. Desde entonces, los vecinos no ven rastros de progreso.
Tras el fracaso minero, los lugareños han emigrado a otras comunidades sancarleñas en busca de empleo y los que aún viven ahí, describen la sensación de habitar en un sitio fantasma, sin farmacias, comercios ni pulperías.
El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, dijo que el apoyo del Gobierno, en estos dos años, ha sido de ¢2.000 millones para llevar electricidad a los hogares.
“El pueblo está estancado, abandonado y los caminos son un desastre. Lo único que se ha podido hacer es electrificar la zona, con apoyo económico del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y la Cooperativa de San Carlos (Coopelesca)”, dijo Córdoba. Crucitas se ubica a un kilómetro y medio de la trocha fronteriza con Nicaragua y sus habitantes reclaman el peso de un conflicto entre el Gobierno, la empresa y los ambientalistas sin resultados positivos para su economía.
“Ya no somos tema para nadie. Hay dos vías de acceso que están cerradas porque los puentes se dañaron y el único camino que sirve, está en mal estado. Esto parece un desierto”, dijo Alfredo Arias, ganadero de la zona.
Promesas. El alcalde y los habitantes de Crucitas reclaman a los ambientalistas haberse traído abajo un proyecto que auguraba desarrollo en la zona.
“Edgardo Araya y otros ambientalistas se trajeron abajo el proyecto de minería y prometieron alternativas como el turismo ecológico, pero ya abandonaron al pueblo. Todo se quedó en falsas promesas”, señaló Córdoba.
En reacción a la queja del alcalde, el ambientalista y actual candidato a diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, dijo que aún existen proyectos para reactivar esa zona, pero que los ambientalistas no tienen los recursos ni las competencias para ponerlos en marcha.
“Es falso que la única opción de progreso para Crucitas sea la minería a cielo abierto. El remedio era peor que la enfermedad. Me parece una falta de respeto achacar el problema a otros. La pobreza en esa zona es asunto de la Alcaldía. Habría que preguntarle al alcalde qué ha hecho él, además de apoyar el proyecto minero”, afirmó Araya.
Sonia Arrieta, vecina y líder comunal, dijo que cuando se canceló el proyecto minero, las familias empezaron a ver el deterioro de la comunidad y de sus condiciones. Por eso, de unas 15 familias que habitaban la zona, solo quedan siete.
“En Crucitas no vivimos más de siete familias. Hasta la escuela sufre las consecuencias, pues para el próximo curso lectivo solo están matriculados tres niños y no hay posibilidades de que la matrícula aumente. El desempleo y la incertidumbre nos agobian”, expresó.
A los padecimientos de los vecinos se suma la falta de agua potable, pues todavía dependen de ríos para abastecerse de líquido.
“Uno tiene que ir al río o a la quebrada para conseguir agua y eso representa un riesgo para la salud de niños y adultos”, agregó Arrieta.
De la compañía Industrias Infinitos solo queda una finca con las instalaciones vacías.
La vocera de la empresa, Yokebec Soto, dijo se preparan para ir a un arbitraje internacional en el que Industrias Infinitos pide al Estado costarricense una indemnización de $1.092 millones por la inversión que hicieron en la zona.
La demanda se resolverá este año en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.
“Ir a un juicio de estos representa un gasto de al menos $ 7 millones. Esperamos salir como ganadores. Sabemos que allá no incidirán los grupos ambientalistas que se han opuesto al proyecto y que han calado en los estrados judiciales de Costa Rica”, dijo Soto.
La comunidad sigue a la espera de algún proyecto que reviva la esperanza en ese pueblo.