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Los abogados de PWS desglosaron pagos por $706.135 a favor de la empresa Inversiones Denisse, vinculada al expresidente Rodríguez. | REPRODUCCIÓN
El Ministerio Público acusó ayer al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y el exjerarca del INS, Cristóbal Zawadzki, porque, presuntamente, recibieron pagos ilegales con fondos públicos de parte de la reaseguradora inglesa PWS Holding.
La Fiscalía de Delitos Económicos presentó la acusación ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José.
Esta instancia será la que decidirá si el caso va a juicio o no.
El documento también fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), consideradas víctimas en el proceso.
El Ministerio Público le atribuye al expresidente Rodríguez (1998-2002) cinco delitos de peculado, y le achaca haber recibido supuestamente $706.135 de la reaseguradora PWS, a través de la sociedad panameña Inversiones Denisse S. A., vinculada al exgobernante.
Ayer no fue posible localizar al defensor de Rodríguez, Rafael Gairaud, para conocer su criterio sobre la acusación.
Acusados. La Fiscalía también presentó cargos contra otros ocho imputados en esta causa.
Figuran la esposa de Zawadzki, Gilda Montes de Oca; Álvaro Acuña Prado, exjefe de reaseguros del INS, su esposa, Roxana Cordero Bogantes y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de seguros del ICE.
Además, acusó a los empleados del ICE: Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.
A todos les imputan entre uno y nueve delitos de peculado por, supuestamente, “sustraer y distraer fondos públicos”.
La Fiscalía tenía tiempo hasta hoy, 7 de noviembre, para presentar la acusación por este caso, según lo estableció una jueza del Juzgado Penal de Hacienda.
Esta semana el INS, el ICE y la PGR también presentaron ante el Juzgado sus respectivos reclamos civiles, por el presunto daño que les causaron los imputados.
El ICE los demandó por $3,3 millones; el INS, por $35,7 millones y la Procuraduría –que reclama el daño social que sufrió el Estado–, por un total de $6 millones.
El INS, además, presentó una querella propia contra los acusados, informó el presidente de esa entidad, Guillermo Constenla.
Póliza inflada. Este caso se refiere a los sobreprecios que pagó el INS por la póliza de reaseguro del ICE durante la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
El reaseguro es otra póliza que compran los aseguradores, en este caso el INS, para cubrirse en caso de que ocurran grandes pérdidas
Hasta el 2005, PWS era el único corredor contratado por el INS para colocar, entre firmas reaseguradoras en el mundo, la póliza U-500 que cubre todos los bienes del ICE.
Esta es la segunda póliza más grande de Latinoamérica y ampara los activos del ICE por un valor estimado de $400.000 millones.
Según la Fiscalía, Zawadzki, Acuña y el expresidente Rodríguez idearon un plan para sustraer fondos públicos y acordaron incrementar el monto de la póliza que debía pagar el INS a la firma PWS, mediante la inclusión de un sobreprecio en la prima del contrato.
“Esto con el único propósito de disfrazar y ocultar el dinero adicional que posteriormente y una vez fuera de los controles del INS y del ICE, sería apropiado y repartido de manera fraudulenta por ellos mismos y otras personas físicas y jurídicas que no eran parte de las negociaciones propias del reaseguro”, señala la acusación.
Parte de este “fondo ilegal”, presuntamente, se destinó a financiar viajes, viáticos y compras. El resto, supuestamente, terminó en cuentas bancarias de los imputados.
Investigación. El Ministerio Público determinó que un empleado de PWS, Julián Messent, presuntamente colaboró con Acuña, Zawadzki y el exmandatario Rodríguez para inflar la póliza U-500, lo cuál aumentó la comisión que el extranjero ganó por el corretaje de la misma.
La Policía inglesa también investiga este caso. En el 2007, arrestó a cuatro ejecutivos vinculados a la corredora londinense PWS.
Las pesquisas en ese país están a cargo de la Oficina de Fraudes Graves (SFO por sus siglas en inglés) órgano del gobierno británico que investiga fraudes complejos.
La Nación intentó consultar le a Carlos Vargas Pagán, abogado de Zawadzki y su esposa, sobre la acusación. Pero no respondió los mensajes que se le dejaron.
Berny Arias, abogado de Acuña y de Roxana Cordero, aseguró no conocer el documento, pero dijo: “El delito de recibir dádivas, si se comprobara, está prescrito”.
Sobre el mismo tema, Ramón Lara expresó: “Uno como empleado público tiene que rendir cuentas. Pero en el caso mío, se ha cometido un error lamentable”.
Otro imputado, Antonio Corrales Moya, declinó hablar del caso.
A las otros acusados en esta causa también se les llamó, pero no fue posible contactarlos.
