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San Jose
La firma consultora Deloitte halló imprecisiones en la metodología que aplica la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) al fijar los pasajes de autobús. Las falencias halladas apuntan más a necesidad de precisión técnica que a problemas de fondo en el modelo.
Rocío Aguilar Montoya, investigadora de Deloitte, detalló los hallazgos en una comparecencia, la tarde de este jueves, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. Aguilar ocupó el cargo de contralora general de la República entre el 2005 y el 2012.
El análisis de la fórmula se realizó por encargo de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) a inicios de este año. Desde entonces, esa organización lo ha presentado a distintas autoridades de Gobierno como base para solicitar la anulación del instrumento aprobado en febrero de 2016 e implementado desde agosto siguiente.
A la fecha, la Aresep ha decidido seis bajas de pasajes de entre 35% y 60%, mientras que otros dos casos están en estudio. La situación ha intensificado la lucha de los transportistas contra el método, al que califican de ruinoso por no reconocerles una serie de gastos y que, aseguran, llevará a un deterioro del servicio, mensaje que incluyen en una campaña en las unidades de transporte.
Rocío Aguilar, no obstante, evitó hacer alguna valoración de la fórmula de cálculo. Se abstuvo a presentar su reporte y aclarar que no constituía una auditoría formal.
De acuerdo con la investigadora, uno de los problemas que tiene la Aresep al calcular los pasajes de buses ni siquiera se deriva de la fórmula, sino del uso de datos desactualizados o inexistentes, situaciones que influyen en la ecuación, como por ejemplo, las cifras de demanda de pasajeros.
Deloitte señaló que la Autoridad Reguladora carece de estudios de demanda de pasajeros actualizados y además considera sin objetividad la información que aportan los propios transportistas.
Por lo tanto, afirmó Aguilar, en ausencia de datos frescos o confiables, la Aresep utiliza una variable llamada "demanda implícita" de pasajeros. Se trata de un cálculo útil al crear rutas según el movimiento de una cierta cantidad de pasajeros, pero es incapaz de indicar con exactitud cuál es la cantidad real de usuarios del servicio en un período dado.
Aguilar atribuyó la situación a una carencia institucional más allá de la fórmula. Citó que en Costa Rica sigue sin implementarse el cobro electrónico el cual serviría para conocer con exactitud la demanda real de pasajeros.
En el caso del adulto mayor, la estimación de costos en el modelo de cálculo utiliza información desactualizada, situación que urge corregir.
Esta referencia, señaló, es importante que sea fresca al fijar tarifas porque en el pasaje de cualquier ruta debe reconocerse (en mayor o menor medida) el peso económico de los adultos mayores, quienes tienen derecho a viajar sin pagar.
"Estamos frente a una metodología a actualizar, no toda esta metodología se actualizó, más o menos el 85% de los componentes se heredaron de la metodología anterior por lo cual hay tareas pendientes para afinar el actual", afirmó.
Para Aguilar, sin datos claros, el método puede sobreestimar o subestimar los costos por reconocerse a los prestadores del servicio lo cual afecta en uno u otro sentido el bolsillo de los pasajeros.
Todos estas conclusiones fueron presentadas ante el ente regulador el 26 de junio.
Costo de buses
La investigadora también se refirió a la decisión de la Aresep de utilizar valores del Ministerio de Hacienda como única referencia del costo de las unidades nuevas que introduzcan los empresarios en el servicio.
Aunque lo consideró como un esfuerzo por imprimir claridad, advirtió de que el precio de referencia de los autobuses nuevos que emana de Hacienda llega a la Aresep con una depreciación del 10%, por el cálculo realizado desde esa cartera.
Ese hecho, dijo, pone en desventaja a quienes compran nuevos autobuses porque, el método usa datos que restan de entrada 10% de su inversión.
"En tanto que no se haga una corrida de la metodología, a uno o varios casos, no sería posible detectar desequilibrios financieros entre las empresas. Cualquier cosa que yo afirme ahora sería mera especulación. Aquí hubo una oportunidad para mejorar una metodología, hay cosas que requieren ajuste", expresó Aguilar.
Roberto Jiménez, regulador general de la Aresep, aseguró el 6 de julio anterior ante esta misma Comisión que la metodología estaba bajo examen.
El jerarca señaló entonces que la Junta Directiva de la entidad analiza desde hace meses mejoras y cambios "pero siempre salvaguardando los intereses de los pasajeros". Entre los insumos incluidos en esa está el estudio de Deloitte, así como un protocolo para calcular la demanda de usuarios y una propuesta para determinar qué debe entenderse como "equilibro financiero" desde el punto de vista del empresario.
A la fecha, dos empresas de buses han reclamado tarifas por desequilibrio financiero. Es el caso de Biusa, que hace recorridos entre La Uruca y San José, Guilial también con rutas a barrios josefino.
Ambas suspendieron el servicio por un día. Posteriormente, Guilial renunció a su concesión.
Más recientemente, buseros de la zona sur, Guanacaste y San Carlos amenazaron con acciones de tortuguismo si el Gobierno no crea una mesa de diálogo para discutir el modelo tarifario.
