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Cargos por homicidio calificado, portación ilegal de arma permitida y simulación de delito presentó en contra del defensor público Luis Fernando Burgos la familia de su fallecida esposa, la asistente judicial Mauren Hidalgo.
Para la Fiscalía, Burgos figura como el presunto autor del homicidio, que habría intentado ocultar mediante un plan.
“Pese a que el Ministerio Público está próximo a presentar la acusación, decidimos hacerlo por nuestra cuenta para que se nos permita tener una mayor participación en el proceso (penal)”, explicó el abogado Henry Vega, representante legal de la familia.
El cadáver apareció el 16 de julio en Las Vueltas de Macho Chingo, Concepción de Atenas, envuelto en bolsas plásticas.
La familia de Hidalgo acusó a Burgos de portación ilegal de arma por tener en su poder dos pistolas y un revólver Smith and Wesson cuando solo contaba con permiso para tener una.
También, por tratar de encubrir el asesinato como si fuera un secuestro extorsivo.
“ (...) El engaño que hace (Burgos) a los familiares de la ofendida” se manifiesta “haciéndoles creer que se trataba de un secuestro y que él debía manejar el asunto, todo con la intención de eliminar la comunicación con la Policía”, dijo el juez José Barletta al dictar prisión preventiva contra el defensor público.
Contra la fiscal. La familia acusó a la fiscal Zulay Rojas por incumplimiento de deberes y favorecimiento personal. Burgos habría acudido a ella en busca de ayuda el propio día del asesinato (11 de julio) y, al parecer, Rojas guardó silencio sobre lo ocurrido.
“El día en que se iniciaron las investigaciones la encartada Rojas ya sabía de todo lo sucedido y no fue sino hasta el 21 de julio que decidió contárselo (a otro fiscal)”, señaló el juez Fernando Caballero en otra resolución.
El defensor público y la fiscal figuran como demandados civiles, aunque la familia no ha estimado cuánto dinero exigirá. “La prioridad de la familia es la obtención de justicia. Luego se cuantificará el daño”, comentó Vega.
