El Gobierno dispone de un cuerpo policial que vigila sin ningún control a los ciudadanos e informa al Presidente de la República de cualquier conducta “desestabilizadora”.
Se trata de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (conocida como DIS), órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia y creado mediante la Ley General de Policía número 7410 vigente desde 1994.
Entre sus atribuciones están la de “ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes”.
Según su actual director, Roberto Solórzano, la DIS tiene como misión “preservar y defender la democracia”. Esa labor la realizan a partir de informantes cuya identidad protegen y del análisis de los datos que estos brindan.
Actualmente, dice Solórzano, se concentran en organizaciones dedicadas al narcotráfico y tráfico de armas, que coincide con la labor de la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La DIS, sin embargo, no puede llevar ningún caso ante las autoridades judiciales. Para hacerlo debe acudir al OIJ.
“Grupos subversivos siempre ha habido, pero no sale a la luz pública porque eso debilitaría al país”, sostiene Solórzano.
En este Gobierno, esta Policía recibió una inyección de recursos, entre carros, computadores y aumento de salarios.
“Don Óscar y don Rodrigo (Arias) dicen que donde no hay ejército la inteligencia es importantísima”, asevera el Director.
A pesar de estas explicaciones, los métodos de la DIS enfrentan cuestionamientos.
Dudas. Los últimos surgieron en la comisión legislativa que investiga posibles nexos aquí de las FARC y los paramilitares.
Ese foro recibió como primer insumo para su investigación un documento de centenares de páginas con informes de la PCD y de las autoridades colombianas.
También un informe de la DIS, aunque sin sellos ni firmas, titulado “FARC en Costa Rica”.
En él aparecen fotografías y datos de costarricenses que se reunieron con personas supuestamente vinculadas a las FARC en las últimas dos décadas. Entre ellas el diputado José Merino Del Río.
“En ese informe se ve que me tomaron fotos clandestinamente y después las usaron para tratar de dañar mi imagen y reputación, incluso en la campaña del referendo”, se quejó el legislador.
Además, hay información de miembros de organizaciones y movimientos como el Partido Izquierda Unida, así como grupos pro derechos humanos y sindicatos.
“La DIS parte, por ejemplo, de que a los movimientos políticos de izquierda hay que vigilarlos, traspasando sus atributos constitucionales”, expresó Merino.
Esta clase de informes sin firmas ni sellos sobre personas u organizaciones llevaron al propio fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, a considerar a la DIS como “una policía política”.
Frente a ese calificativo, tanto Solórzano como anteriores directores de la DIS salen en su defensa.
“Yo no sé quién es quién aquí. No sé quién es del PAC o de la Unidad, aquí no se habla de política, es prohibidísimo”, dijo Solórzano.
Para Mario Soto, director entre 1994 y 1996, la DIS fue una policía política durante la Guerra Fría pero al concluir, en 1991, el concepto “desaparece”.
“La DIS pasa a ser más un más un ente de análisis. Una prueba muy concreta es que los agentes no usan armas ni arrestan, porque no son una policía política, lo que hacen es dar la alerta temprana de los asuntos que afectan la seguridad nacional”, afirmó.
Rogelio Ramos, quien ocupó el cargo entre 1998 y el 2000, cree que si hay dudas convendría revisar las labores de la DIS.
Esta policía de inteligencia enfrentó en la administración Figueres (1994-1998) acusaciones de intervenir teléfonos ilegalmente.
El entonces fiscal general, Carlos Arias, ratificó ante el Congreso que aquellas acciones ilícitas se realizaron, aunque nunca se abrió una causa judicial.