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Rechazan moción que pretendía incluirlos en negociación de proyecto sobre pensiones judiciales

Diputados se le plantan a la Corte y a sus gremios

Actualizado el 26 de julio de 2017 a las 09:02 pm

Solo un diputado del Frente Amplio y uno de Liberación Nacional votaron a favor de la propuesta 

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Por mayoría, la Comisión Especial de Pensiones votó una moción que los compromete a trabajar en un nuevo texto para reformar las pensiones judiciales y no basarse en el de la Supén. (John Durán.)

Los diputados de la Comisión Especial de Pensiones se le plantaron a la Corte Suprema de Justicia y a los gremios judiciales, este miércoles por la noche, al rechazar una moción que pretendía incluirlos en la negociación del proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial.

La propuesta era de Jorge Arguedas, del Frente Amplio. Solo tuvo el apoyo del frenteamplista y de Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Votaron en contra Franklin Corella y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Maureen Fallas y Sandra Piszk, del PLN; Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la libertaria Natalia Díaz y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.

De esta manera, los legisladores continuarán en la construcción de un proyecto para tapar el hueco de 5,3 billones de colones, detectado por un estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el sistema de pensiones judiciales. La UCR sugirió medidas como elevar de un 11% a un 15% la cotización de los funcionarios, para poder costear los altos beneficios de sus jubilaciones, así como exigir un aporte solidario a las pensiones más altas.

Entre lo prometido por los diputados, está tomar en cuenta los escenarios más optimistas que planteó la UCR, con rentabilidades del fondo de pensiones judiciales de entre un 3% y un 4%, pero insistieron en que la edad de jubilación se tiene que subir, de 60 a 65 años, y el periodo laboral de 30 a 35 años, con una pensión que sea aproximadamente el 72% de los últimos 24 mejores salarios, tal como recomendó la Universidad; actualmente, reciben el 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios.

La moción rechazada esta noche pretendía que se integrara a los líderes de los huelguistas del Poder Judicial en la preparación de un nuevo texto de reforma legal, que se apartaría tanto del original de los gremios como del rechazado por ellos, que es de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Específicamente, la moción decía: "Para que esta comisión, con los entregables de la Universidad de Costa Rica, siga laborando en aras de construir un nuevo texto. La representación gremial y la administración superior de la Corte se incorporarán una vez que se haya levantado la huelga".

"Esta moción reúne todo lo que pudiera tener, en forma simple, objetiva, llena de buen espíritu, para terminar la huelga, que es lo que más hace efecto en la opinión pública y, también, decir que la forma y fondo de este tema que está en la Asamblea es porque vamos a reformarlo", dijo Arguedas, al defender su propuesta.

La moción del frenteamplista se había negociado junto con los sindicatos judiciales, como la opción para detener el movimiento de huelga pero, al ser rechazada, los voceros de ese movimiento insistieron en que continuarán fuera de los despachos judiciales.

Adriana Orocú, vocera del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, prefirió no dar declaraciones a la prensa y salió de la Comisión de Pensiones, molesta.

En su lugar, Hernán Campos, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), dijo que "la huelga sigue, declarada por la fuerza trabajadora del Poder Judicial" y manifestó que está más firme aún. 

"La Asamblea Legislativa ha deshonrado, definitivamente, un compromiso que tenía con la clase trabajadora del Poder Judicial, un acuerdo de la mayoría calificada, que decía que el proyecto que se iba a dictaminar era el elaborado por los gremios y ahora resulta que no, que es el de la Supén el que se va a dictaminar", dijo Campos.

Compromiso de hacer un nuevo texto

Aunque el sindicalista defendió esa posición, en realidad, antes de rechazar la entrada de la Corte y sus gremios, la Comisión de Pensiones aprobó una moción en la que se comprometen a rechazar el texto base actual, propuesto por la Superintendencia de Pensiones (Supén), y trabajar en uno totalmente nuevo, apegados a las recomendaciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.

Esa moción para comprometerse a hacer un texto nuevo tuvo siete votos a favor (Marcela Guerrero, Franklin Corella, Maureen Fallas, Sandra Piszk, Natalia Díaz, Johnny Leiva, Gonzalo Ramírez) y dos en contra (Jorge Arguedas y Julio Rojas).

"A raíz del estudio de la Universidad de Costa Rica, la Comisión de Pensiones elaborará un nuevo texto, apegado a los criterios técnicos del IICE", dice la moción aprobada, como compromiso para que los gremios levantaran la huelga.

De hecho, Piszk aseguró que, ahora más que nunca, la huelga es totalmente injustificada, cuando ya hay un compromiso aprobado por la Comisión Especial de Pensiones para no trabajar con el texto de la Supén, sino construir uno nuevo.

"Hoy está garantizado que el texto de la Supén no va, sino uno nuevo, no hay razón alguna para que sigan con la huelga. Nuestra obligación es hacer proyectos de ley con criterios técnicos. Ahora, la huelga es responsabilidad del Poder Judicial y del Consejo Superior de Administración", comentó Piszk.

La liberacionista criticó la ausencia en toda esta discusión del presidente de la Corte Suprema, el magistrado Carlos Chinchilla, y aseguró que a él, como el jerarca del Poder Judicial, le corresponde solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, cosa ella cree que ya debió haber hecho.

La discusión en la Comisión de Pensiones continuará este jueves por la noche, en una sesión extraordinaria. Además, Johnny Leiva, presidente del foro, convocó para otra sesión más, el viernes por la mañana.

Entre lo prometido por los legisladores, está tomar en cuenta los escenarios más optimistas que planteó la UCR, con rentabilidades del fondo de pensiones judiciales de entre un 3% y un 4%, pero insistieron en que la edad se tiene que subir, de 60 a 65 años, y el periodo laboral de 30 a 35 años, con una pensión que sea aproximadamente el 72% de los últimos 24 mejores salarios, tal como recomendó la Universidad.
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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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