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La magnitud de los daños provocados por la tormenta tropical Nate en 76 de los 82 cantones del país rebasan la capacidad de respuesta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El Gobierno estima en $385 millones el costo de la reconstrucción de toda la infraestructura destruida por Nate, que azotó con fuertes aguaceros la mayor parte del territorio nacional entre el 4 y 5 de octubre anteriores.
La institución argumenta falta de personal para contratar a tiempo la limpieza de caminos cantonales, estabilización de taludes y dragado de ríos. Estas tareas, consideradas de primer impacto, son claves para restablecer el tránsito y evitar nuevas inundaciones o desbordamiento de ríos.
Además, la CNE sufre escasez de proveedores para satisfacer la demanda de maquinaria pesada.
Julisa Ulate, directora ejecutiva de la CNE, indicó que el departamento de Proveeduría trabaja con cinco personas cuando debería tener, al menos, 12.
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Para solventar la coyuntura actual, la entidad ha tenido que trasladar funcionarios de otras áreas a Proveduría y pedir personal prestado a Casa Presidencial y el Ministerio de Educación Pública.
El déficit de empleados, según Ulate, también afecta la Gestión de Procesos de Reconstrucción, la cual cuenta con 12 ingenieros. Esos profesionales deben fiscalizar, en promedio, 30 proyectos cada uno, dicha carga de trabajo hace que inspeccionen solo una vez al mes cada obra, lo ideal sería visitarlas dos veces al mes.
En los últimos dos años, la Comisión le ha solicitado al Ministerio de Hacienda 50 plazas nuevas en distintos puestos, pero la respuesta ha sido que no hay presupuesto.
La insuficiencia de personal y oferentes provoca que la Comisión se tarde entre cuatro y doce días en resolver las solicitudes de maquinaria que envían los ayuntamientos.
De acuerdo con datos de la Comisión, hasta este martes se han contabilizado 344 órdenes de contratación de maquinaria en el Sistema de Compras Públicos (SICOP) relacionadas con Nate.
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De las 344 gestiones, 120 ya están adjudicadas en firme, 89 fueron declaradas desiertas por falta de oferentes, 63 están en evaluación, 62 están en fase de recepción de ofertas, tres quedaron sin efecto, una en apertura de ofertas, dos pendientes de contrato y otras cuatro en una fase intermedia entre la publicación y la apertura de ofertas.
Las 120 adjudicaciones representan el encargo de 17.183 horas de maquinaria en cantones como Turrialba, Abangares, Puntarenas, El Guarco, Alajuelita, Desamparados, Grecia, Osa, Tilarán, Puriscal, Aserrí y Mora, entre otros.
En la lista figuran el alquiler de 100 horas de un back hoe y una vagoneta para rehabilitar una calle en el distrito de Chirripó por ¢1,5 millones, 1.250 horas para trabajos en Moravia por ¢22 millones y otras 1.250 horas de vagonetas y excavadoras en Desamparados por ¢37 millones.
Los registros de la CNE indican que tramitan en SICOP, hasta este martes, obras por más de ¢635 millones.
Casa Presidencial divulgó, días atrás, que se han comprometido ¢4.140 millones en labores de primer impacto. Sin embargo, ese monto corresponde a fondos reservados y no a los que ya se han ejecutado o están en proceso de ejecución.
"Se han declarado muchas licitaciones infructuosas porque no participan proveedores y, quizá, no participan porque no tienen la maquinaria que se está requiriendo", detalló Ulate.
Si un procedimiento de contratación de este tipo se declara infructuoso en dos ocasiones consecutivas se autoriza al alcalde de la municipalidad solicitante a adquirir los servicios directamente.
La carencia de contratistas ha obligado a la CNE a extender la recepción de ofertas hasta por 72 horas o más, lo usual es que esa etapa tome solo 24 horas.
Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), resaltó que la CNE ha mantenido buena comunicación con los ayuntamientos, pero que a la hora de suplir las necesidades no han sido ágiles.
"Me parece que han trabajado en estrecha comunicación con las municipalidades, pero en gestión interna los procesos no son tan satisfactorios porque no son tan ágiles, se supone que cuando hay una emergencia la Comisión debería tener previsiones para que los suministros y las necesidades se cubran a tiempo", manifestó Porras.
Vanessa Rosales, exjerarca de la CNE entre 2009 y 2014, señaló que la solución no es contratar más personal, sino descentralizar la contratación y que las municipalidades tengan recursos y procesos para asumir esa labor.
Rosales planteó que el país debería pensar en un fondo de emergencias municipal y, que en caso de ser necesario, se eche mano de esos recursos mediante un préstamo y que sean las mismas municipalidades quienes reintegren el dinero.
Esa visión es apoyada por Porras, quien cree que es hora de descentralizar el encargo de trabajos para rehabiltar caminos, dragar ríos o estabilizar taludes.
Rosales criticó que la CNE esté tardando hasta doce días en resolver los procesos de contratación de maquinaria.
