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La preferencia de los ticos por buscar soluciones violentas a la criminalidad tiende a aumentar.
La mitad de los ciudadanos favorece la pena de muerte y el linchamiento, mientras que más de la tercera parte respalda matar a delincuentes que reinciden y el uso de la tortura.
Una encuesta de la empresa Unimer para La Nación pone números a hechos que muestran la propensión de los ticos a tomar la ley en sus manos.
Vecinos de la urbanización Siglo XXI, en Limón, vapulearon el pasado jueves a un indigente que intentaba robar en una casa.
En febrero y, en noviembre, una turba atacó en Venecia, San Carlos, al sospechoso de cometer un asalto, cansados –dijeron los vecinos– de que los tribunales liberen a delincuentes conocidos.
En el barrio Juanito Mora, de Puntarenas, un grupo de personas apaleó en noviembre al sospechoso de apuñalear a un vecino.
El estudio de Unimer muestra un crecimiento en las respuestas agresivas de los costarricenses, en comparación con el informe del 2004 Venciendo el temor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Unimer entrevistó personalmente a 1.220 adultos ticos en todo el país entre el 8 y el 15 de marzo. El estudio tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.
Aumento. El 51% de los encuestados dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: “Si existe oportunidad, es mejor linchar al delincuente que sea atrapado”.
Cuatro años atrás, el 40% había respondido de esa forma.
Al consultar si “es necesario adoptar la pena de muerte para algunos casos” el 54% respondió afirmativamente, en comparación con el 47% en el 2004, y ante la afirmación: “en ocasiones se justifica que la Policía torture a alguien para obtener información”, el 38% estuvo de acuerdo, diez puntos porcentuales más alto que cuatro años atrás.
Para el 35% es aceptable matar a los delincuentes que siguen cometiendo actos delictivos, mientras que en el 2004 apenas el 19% de los consultados pensaba así.
Costa Rica abolió la pena de muerte desde 1882 y el país es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
La elevada criminalidad que perciben los ticos los ha obligado a tomar medidas de seguridad.
Las más comunes son la instalación de rejas en la casa y buscar a alguien para que la cuide (60%) seguida por la compra de perros o la construcción de cocheras.
En cuatro años, no ha habido una variación importante en las las medidas adoptadas.
Sin embargo, hubo un crecimiento entre quienes organizaron su barrio contra la delincuencia (de 20% a 25%) y entre aquellos que compraron armas de fuego (de 6% a 9%).
