Comité de la ONU pide a país eliminar prácticas racistas

En su informe, dado a conocer en Ginebra, Suiza, el CERD alentó al Estado para que incluya, de manera sistemática en las encuestas e iniciativas de recolección de datos, la variable de autoidentificación étnica, así como indicadores sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto para tener datos desglosados que ayuden en la toma y la adopción de medidas.

Trabas. Además, el Comité notó con preocupación la falta de avances en la discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa de varias iniciativas, entre estas, los proyectos de ley sobre el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, y la prevención, erradicación y sanción del racismo, entre otras formas.

Debido a que tales iniciativas están pendientes desde hace más de una década en el plenario, el CERD recomienda que se deben priorizar las propuestas para luchar contra la discriminación racial, la promoción de los derechos de los afrodescendientes y los pueblos indígenas.

Sobre este apartado, es urgente su discusión y adopción una vez que se consulte a los pueblos para que exista un marco legal.

Mirada a reglamentos. Otra de las preocupaciones del grupo especializado tiene relación con los reglamentos internos de algunas escuelas, las cuales impiden a los afrodescendientes manifestar libremente su identidad cultural, como lo ha sido el tema de los peinados dreadlocks (trenzas de estilo caribeño).

Pese a que destaca la decisión de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, de autorizarle el uso de dreads a un colegial del Liceo de Escazú, el Comité apuntó que se trató de una decisión puntual en un caso específico.

Además, notó los esfuerzos efectuados en relación con el fortalecimiento de los idiomas brunka y téribe, los cuales son impartidos por educadores a nivel de primaria.

Otro punto que resaltó el CERD fue la no modificación de la legislación sobre los delitos de discriminación racial. Estos siguen siendo considerados como una infracción menor, solamente castigada con una multa.

El foro también señaló que el país no ha implementado el derecho a la consulta previa, libre e informada, cada vez que se tocan temas susceptibles para los pueblos indígenas.

Cita, en particular, el caso del proyecto hidroeléctrico Diquís, del cual aún no se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa, y la afectación que tendría para los habitantes del lugar.

En materia de recuperación y tenencia de tierras para los indígenas, se señala que los esfuerzos no han sido suficientes, ya que los territorios indígenas reconocidos por el Estado no abarcan la totalidad de las tierras que estos grupos, por tradición, deberían ocupar para su desarrollo.