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El candidato a diputado del Frente Amplio por el primer lugar de Alajuela, Edgardo Araya, enfrentará mañana la primera audiencia de un juicio planteado por Industrias Infinito, empresa desarrolladora de la mina Crucitas.
El alegato de la minera es por supuesta difamación, según lo divulgó esta tarde la dirigencia del partido de izquierda, en una nota de prensa en que se explica la función del abogado y aspirante a legislador, durante el juicio contencioso administrativo contra la declaratoria de interés público de Crucitas.
Araya, junto con otro abogado y un biólogo de la Universidad de Costa Rica, fueron las cabezas de la oposición a la minera durante el juicio que, finalmente, perdió la empresa de capital canadiense.
"El caso se refiere a las declaraciones hechas por Araya durante el juicio contencioso que perdiera Industrias Infinito. La empresa alega que las palabras de Araya, replicadas por la prensa, causaron daños a su imagen y lo demandan por ¢500 millones", dice el comunicado del FA.
La empresa Infinito, a través de su vocera, Yokebec Soto, indicó esta noche que no se referirá a la demanda concreta en contra de Araya, fuera de los tribunales.
"Puedo decirle que Industrias Infinito ha tenido que lidiar con un enorme bombardeo de argumentos falsos y ridículos promovidos por los opositores al proyecto, quienes también están en contra de toda inversión extranjera en materia de hidrocarburos, turismo y construcción de obra pública, lo cual le está haciendo un gran daño a nuestro país", añadió Soto.
Según la declaración de la empresa, los discursos en contra de la actividad minera responden a un "deseo de ganar simpatía partidaria, espacio en los medios y donaciones del exterior", en referencia a la militancia de Araya en el Frente Amplio.
Infinito también había planteado demandas contra los diputados Manrique Oviedo y Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana, también por supuesta difamación.
El juicio en que Edgardo Araya hizo las supuestas declaraciones finalizó el 24 de noviembre del 2010, con la anulación del contrato entre el Estado de Costa Rica y la empresa minera, que incluía el desarrollo de una mina en Crucitas de Cutris, en San Carlos.
El fallo incluía una recomendación para que el Ministerio Público abriera una causa judicial a funcionarios de Gobierno vinculados a la declaratoria de interés público del proyecto minero y al exmandatario Óscar Arias.
Ese tribunal también ordenó el pago de una indemnización de parte de Industrias Infinito, por supuestos daños ambientales causados en la zona.
