Antes de que termine este año, los costarricenses conocerían el estado real del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Eso, porque la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, el jueves, la contratación del estudio actuarial que determinará la sostenibilidad del régimen de jubilación más grande del país.
Ese sistema tiene 1,4 millones de cotizantes, con 194.279 pensionados y 207.475 beneficiarios.
El análisis lo hará el consultor Eduardo Melinsky y tendrá un costo de $125.000, poco más de ¢66 millones, de acuerdo con el tipo de cambio actual.
La adjudicación se realizó tras un concurso público gestionado en la plataforma CompraRed del Ministerio de Hacienda.
Eduardo Melinsky fue escogido entre cinco oferentes, luego del análisis que hizo la comisión técnica que integraron altos funcionarios de la Caja y de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El régimen de IVM tiene 194.279 pensionados. | ARCHIVO (Mario Rojas)
Precisamente, esta última entidad ha realizado fuertes críticas a la Caja por la administración del fondo del IVM y por algunas de las condiciones y requisitos con que se otorgan las pensiones.
Entre los señalamientos, está la sostenibilidad del IVM. La Caja ha manifestado que el régimen tiene una sanidad garantizada hasta el año 2036, mientras que la Superintendencia estima que será al 2025.
Fueron esas marcadas diferencias las que llevaron a la Caja y la Supén a contratar, en conjunto, un estudio actuarial. El costo del análisis será pagado por ambas instituciones públicas.
A futuro. “Los resultados de este estudio serán la base técnica común para el debate nacional en materia de pensiones”, dijo la Caja en el comunicado de prensa que anuncia la selección del oferente para el estudio actuarial.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, ha insistido en que muchos de esos cambios, como el aumento de la prima (aportes) y variaciones en la edad de retiro (que nadie se pueda jubilar antes de los 65 años, como mínimo), son urgentes, o de lo contrario, las consecuencias se verán en el futuro.
José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la Caja, ha reconocido que se debe dar la discusión.
