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Informes advierten de crisis inminente

Agua es una bomba de tiempo

Actualizado el 25 de marzo de 2002 a las 12:00 am

Falta acción de las entidades involucradas

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Si algo abunda en Costa Rica son los estudios en que los expertos han advertido sobre la pérdida paulatina de la calidad del agua. Pero nadie los ha tomado en serio.

También hay muchas instituciones (alrededor de 15) involucradas en la gestión del líquido, y otro tanto de leyes que tienen que ver con el recurso, la mayoría obsoletas.

Esta situación no puede seguir igual, según especialistas consultados por La Nación.

La alerta más reciente la dio el acueducto metropolitano contaminado en dos puntos diferentes en julio anterior. Eso afectó en ese entonces a por lo menos 40.000 personas.

Pero las emergencias han seguido, entre estas al menos seis oficialmente reconocidas en los últimos ocho meses en diferentes sectores de San José.

Especialistas reunidos el viernes en la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR) –a propósito del Día Mundial del Agua–, hicieron un llamado a la población y a los gobernantes para que se dé al recurso hídrico el lugar que merece.

La receta para corregir el desorden –reconocido por las mismas autoridades encargadas del tema– puede tener diferentes combinaciones.

Sin embargo, los ingredientes son los mismos: colocar al agua como una prioridad nacional dentro de las políticas de gobierno; actualizar la legislación; mejorar los mecanismos de control, y asegurar la participación comunal en la gestión del recurso.

El diagnóstico

No hay que escarbar mucho para encontrar información que deje al descubierto la indefensión del recurso.

Se sabe, por ejemplo, que Costa Rica tiene 30 años de retraso en la inversión para alcantarillado sanitario. Como consecuencia, solo en el río Virilla caen diariamente 250.000 metros cúbicos de aguas negras.

Y si se trata del acueducto metropolitano, el atraso en su modernización es de 20 años.

Una estimación de la Defensoría de los Habitantes indica que el país no ha invertido en todo ese tiempo $1.500 millones (¢525.000 millones, al tipo de cambio actual).

La semana pasada trascendieron dos informes que nuevamente advirtieron sobre una inminente crisis del agua en el país.

Provienen de la Comisión Nacional de Aguas –integrada a partir de la emergencia en el acueducto metropolitano, en julio anterior– y de la Defensoría de los Habitantes.

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La comisión concluyó: "El episodio de contaminación del AMAP (Acueducto Metropolitano de Agua Potable) y el estado del sistema de alcantarillados de la GAM (Gran Área Metropolitana) indican que se está incubando una crisis de todo el sistema, el que, según los mismos expertos de AyA (Acueductos y Alcantarillados) está al borde del colapso".

El documento de la Defensoría (concluido el sábado) agrega: "Ha quedado evidenciada la total inacción de las instituciones involucradas ante el incumplimiento de normas ambientales, de salud y de construcción".

Jerarcas de entidades como el Ministerio de Salud, el AyA y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) reconocieron los problemas señalados por el informe de la comisión.

Por ejemplo, el ministro de Salud, Rogelio Pardo, admitió sin rodeos la "laxitud" de su cartera en el otorgamiento de permisos.

Y el presidente ejecutivo de AyA, Rafael Villalta, dijo que tramitan compras directas por $1,5 millones para resolver, de manera inmediata, problemas técnicos en las plantas de Puente de Mulas (Belén, Heredia) e Ipís, en Goicoechea, San José.

El geógrafo Guillermo Carvajal está entre quienes apuestan más por no esperar el cumplimiento de esas promesas.

Apunta a la participación ciudadana como una de las soluciones.

Carvajal dijo que, según una encuesta de mayo del 2001 de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, el 80 por ciento de la muestra dijo estar inconforme con la gestión estatal en ambiente, particularmente en cuanto al agua.

Para la representante de la Asociación Mundial del Agua, Yamileth Astorga, es seguro que este desorden con el recurso conviene a muchos.

Aunque no profundizó en el tema, dijo que muchas empresas, por ejemplo, se sirven del agua sin mayores costos.

Astorga cree fundamental que, desde el Gobierno, se defina la política que el país quiere asumir con el agua. Y con ella sus costos o sus beneficios.

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Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Periodista

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud. 

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