¿Cuál es el proceso legal que ustedes interpusieron contra la Caja Costarricense de Seguro Social?
Hay un proceso, es un juicio contencioso-administrativo en el que se pidió una medida cautelar; por eso hay algunas cosas que no puedo comentar. Se inició en el 2012, los sacerdotes han sido siempre asegurados por un convenio. La Caja tiene convenios para aquellas personas que no son trabajadores ordinarios o que tienen una condición particular. La posición de la Iglesia con la Caja ha sido siempre de apertura, pero con esta decisión que se tomó (cobrar cargas sociales a la Iglesia) no nos oyeron y tuvimos que tomar las medidas legales.
¿Cuál es el argumento para demostrar que los curas no son empleados ordinarios?
Muy sencillo. Cualquier trabajador estudia una profesión y ejerce una profesión, el sacerdote no es un profesional; el sacerdote se vincula a la Iglesia por una vocación .
¿Pero el sacerdote estudia nueve años en el seminario y muchos son profesionales?
Son cosas diferentes. Por ejemplo, hay sacerdotes que son periodistas, administradores o contadores. Ahí no hay problema, por el trabajo que ese sacerdote haga como profesional tiene que pagar a la Caja e impuestos. Nosotros estamos hablando del padrecito de la casa cural (...). El sacerdote, por la vocación, por el llamado que él siente de Dios, consagra su vida entera al servicio de los demás.
Parece haber una relación clara de subordinación del sacerdote con los obispos. ¿Cómo van ustedes a demostrar que no existe ese factor?
La Iglesia tiene un derecho propio que es el Derecho Canónico. Entonces la relación del sacerdote con la Iglesia se rige por el Derecho Canónico y se rige a partir del sacramento del Orden Sacerdotal y ahí es donde está el asunto. Al cura no le dan un título de licenciado, al sacerdote lo ordenan y es un estado de vida físico y espiritual para toda la vida.