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Buenos Aires
En la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman no intervinieron terceras personas indicó el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del investigador, que había acusado a la presidenta Cristina Fernandez de encabezar un plan para encubrir a un grupo de iraníes acusados de un atentado en 1994.
"De acuerdo a la autopsia, él se disparó con una calibre 22", dijo la fiscal Viviana Fein en alusión al arma que habría sido utilizada, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.
La funcionaria, sin embargo, no descartó que Nisman haya sido "inducido" a suicidarse. "No lo descarto bajo ningún punto de vista dado que el arma no era de él. El arma pertenecía a un colaborador de Nisman. La tenía hace bastante tiempo", dijo.
Nisman fue hallado la madrugada del lunes en su departamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza horas antes de una cita en el Congreso en la que tenía previsto dar detalles de la acusación contra Fernández de ser la presunta líder de un plan para encubrir al grupo de iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó la muerte de 85 personas y heridas a más de doscientas en 1994.
El cuerpo del fiscal estaba en el interior del baño y bloqueaba la puerta de acceso al mismo. Junto al cuerpo, que se hallaba en el suelo, se encontró el arma y un casquillo de bala.
El disparo impactó el hueso parietal derecho que presenta un orificio de entrada pero no de salida ya que la bala quedó alojada en la masa encefálica, según la autopsia. Sobre la escena del crimen, la fiscal detalló que "estaba la puerta con llave, no fue forzada. No había desorden ni nada que alertara sobre un posible robo".
La semana pasada Nisman había pedido que Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y allegados al gobierno, entre otras personas, fueran indagados sobre un presunto encubrimiento por la posible responsabilidad del grupo de iraníes, sospechosos del ataque.
Esta denuncia es la más grave presentada contra la mandataria, quien también es investigada por su vinculación societaria en una empresa que presuntamente presenta irregularidades en sus cuentas y que no ha presentado sus balances.
Según la acusación de Nisman, la presidenta y su canciller "tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán" para acercarse a ese país con el fin de "saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos".
La presidenta no ha hecho declaraciones públicas sobre las denuncias en su contra o la muerte del fiscal. El gobierno negó días atrás las imputaciones y tildó a Nisman de mentiroso e ineficaz en su investigación del atentado.
Nisman vivía en el piso 13 de la torre Le Parc, un complejo de apartamentos del lujoso barrio de Puerto Madero. A reporteros y otras personas que se apostaron a las afueras del edificio el lunes en la mañana se les impidió el acceso. El edificio, de unos 144 metros de altura y situado cerca de Río de la Plata, está a menos de un kilómetro de la casa de gobierno.
Varias horas después de la conmoción que causó la muerte del fiscal la zona se encontraba tranquila. "¿Sabe porque ese silencio de la gente?", dijo a The Associated Press una mujer unos 50 años que aceptó hablar bajo condición de anonimato. "En este edificio, en este barrio, vive gente muy conocida, muchos son muy famosos, muy ricos y no quieren que se los muestre ni que se hable de ellos".
El fiscal tenía diez policías federales asignados a su protección, según un comunicado del Ministerio de Seguridad, que no proporcionó detalles sobre el lugar dónde se encontraban destacados al momento de su muerte.
Un asesor en el Ministerio de Seguridad, que no quiso identificarse porque no está autorizado para hablar con la prensa, dijo a la AP que los policías que los cuidaban siempre se apostaban en la portería del edificio y en un automóvil cerca del inmueble y que "nunca" había personal policial dentro del departamento porque no es lo común, a menos que la persona vigilada lo pida expresamente.
Según el asesor, el fiscal dijo el sábado a los policías que lo protegían que estuvieran listos cerca del mediodía del domingo "como siempre" para comunicarse con él. Como no tuvieron noticias de él, lo llamaron y ante su falta de respuesta subieron hasta su departamento y vieron que el diario del domingo no había sido recogido del vestíbulo de acceso a la vivienda.
Los guardaespaldas policiales llamaron a la secretaria del fiscal y luego a la madre, quien finalmente accedió al departamento con personal de la administración de justicia, según el asesor.
Ninguna de las dos puertas del departamento había sido violentada y la principal no pudo ser abierta porque tiene una cerradura digital y la madre de Nisman no sabía el código, mientras que la de servicio tenía la llave colocada en la cerradura, según el asesor del Ministerio de Seguridad.
Todo el material secuestrado por las autoridades en el domicilio de Nisman, entre ellos la documentación que el fiscal tenía previsto llevar al Congreso, "ha sido debidamente resguardado", informó la fiscal Fein.
La red social Twitter se llenó de mensajes de argentinos que lamentaron la muerte de Nisman y exigieron el esclarecimiento del deceso. Políticos de distinta afiliación dijeron no creer que el hombre a cargo de una de las causas judiciales más importantes de Argentina cometiera suicidio.
Una marcha fue convocada en las redes sociales en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno, por personas que dijeron sentirse indignadas y con el propósito de pedir justicia por la muerte del fiscal.
La diputada opositora, Patricia Bullrich, indicó que Nisman le había dicho tres días atrás que "estaba amenazado". Agregó que habló con él "para coordinar detalles de su presencia en el Congreso... Me dijo que se iba a quedar todo el fin de semana en su casa estudiando la causa".
En declaraciones a radio Continental, Bullrich explicó que el fiscal quería que la reunión en el Congreso fuera reservada "para dar pruebas más contundentes".
Al informar días atrás sobre su decisión de presentar la denuncia, el fiscal dijo a un grupo de corresponsales extranjeros que se sentía muy seguro del paso que estaba dando. Señaló que le había advertido a su hija, de 15 años, que iba a escuchar críticas de todo tipo en contra de él.
Nisman afirmó entonces que no sabía si iba a ser víctima de represalias pero que se sentía obligado a presentar las acusaciones, basadas en parte en escuchas telefónicas a distintas personas, y que estudió durante los últimos dos años y medio.
Indicó que en esas escuchas no se interceptó la voz de Fernández, pero puntualizó que en "los audios se dice claramente" que el supuesto plan para proteger a los iraníes habría sido ordenado por la presidenta.
Según el fiscal, en las conversaciones grabadas se escucha al diputado nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no quiso identificar, al dirigente social Luis D'Elía, al iraní Jorge "Yussuf" Jalil, referente comunitario y nexo local del régimen, y a Moshen Rabbani, agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires al momento del atentado.
Sobre Rabbani pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. El gobierno de Irán siempre ha negado cualquier implicación en el hecho.
"Hay personal de inteligencia cuya identidad no puedo revelar que actúa para Irán y... que responden directamente a la presidenta, que le pasan información a Irán y a Rabbani de cuestiones de Estado, de cuestiones secretas argentinas", sostuvo el fiscal.
Horas después de conocerse el deceso de Nisman, el jefe de la Secretaría de Inteligencia Oscar Parrilli anunció que "a fines de brindar la colaboración que sea necesaria" y "por expresa instrucción" de la presidenta se autorizaba la "desclasificación del producido de las intervenciones" telefónicas a cuatro personas y de "todo otro material, archivo e información de inteligencia vinculada a la investigación" del atentado contra la AMIA.
La orden fue dada por Parrilli a una jueza que debía estudiar, en primera instancia, las denuncias del fiscal Nisman, y que ahora están manos del magistrado Ariel Lijo, de vacaciones cuando Nisman presentó la denuncia.
El magistrado se reincorporó a sus labores tras conocerse la muerte del fiscal y dispuso medidas urgentes para el "aseguramiento de la prueba relacionada con las escuchas telefónicas en la que el investigador basó la denuncia que efectuó", informó el Centro de Información Judicial.
Para ello, dispuso en la fiscalía a cargo de Nisman una diligencia para "incautar todos los discos compactos donde están grabadas las intervenciones telefónicas y toda la documentación detallada en la denuncia".
Nisman fue nombrado fiscal de la investigación hace diez años por el difunto esposo de Fernández, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) , con el propósito de revivir la investigación por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 cuando una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio del centro comunitario judío.
Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país al momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol.
