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El fiscal general de Oklahoma (EE.UU.) pidió a la Corte Criminal de Apelaciones postergar hasta 2015 tres ejecuciones de presos previstas para este año por no disponer de los fármacos necesarios, según la documentación entregada al tribunal el viernes y revelada este lunes.
El documento presentado por el fiscal general, Scott Pruitt, indica que el Estado no dispone de los fármacos necesarios para administrar las inyecciones letales y pide disponer de más tiempo para poder obtenerlos y formar al personal que debe aplicarlos con base en los nuevos protocolos.
Esta situación se produce después de que en abril un preso muriera en Oklahoma de una ataque cardíaco 40 minutos después de recibir la inyección letal, en un caso que reabrió el debate sobre la pena de muerte en EE.UU.
Oklahoma suspendió entonces las ejecuciones hasta que el pasado 4 de setiembre el Departamento de Seguridad Pública del estado publicó el resultado de su investigación sobre el accidente, que achacó a un fallo médico, así como el nuevo protocolo para mejorar la aplicación de la pena capital.
Las tres ejecuciones que el fiscal general solicitó que sean aplazadas están previstas para finales de este año: dos para noviembre y una para diciembre.
Uno de los presos para quienes se ha pedido el aplazamiento, Charles Warner, condenado por violar y asesinar a un bebé de 11 meses, quien debió ser ejecutado según el calendario original el 29 de abril, el mismo día en que quedaron suspendidas todas las ejecuciones en el Estado.
Ahora, está previsto que Warner reciba la inyección letal el 13 de noviembre, aunque el fiscal general ha pedido postergar esta fecha hasta el 15 de enero de 2015.
"El tiempo adicional solicitado para las tres ejecuciones permitirá disponer del tiempo suficiente para obtener los fármacos necesarios y entrenar completamente a cada uno de los miembros del equipo de ejecución", indicó el funcionario.
Agregó que el Estado no quiere ir demasiado rápido en la implementación de este nuevo programa de entrenamiento, especialmente después de la revisión del protocolo de ejecución.
Con 111 ejecuciones, Oklahoma es el segundo Estado del país que más veces ha aplicado la pena de muerte desde 1976, sólo por detrás de Texas, con 517.
