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Washington. El País. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está ultimando los detalles para cumplir su promesa de resolver la situación de millones de inmigrantes sin papeles antes de fin de año.
El legislador oficialista Luis Gutiérrez dijo el viernes que los decretos ya están listos para recibir la firma de Obama.
Aunque se desconoce aún el alcance de los decretos, The New York Times afirmó que podrían beneficiar a cinco de los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país.
De confirmarse la cifra, esta estaría por debajo de los hasta siete u ocho millones de indocumentados que activistas y legisladores como Raúl Grijalva y Keith Ellison, copresidentes del caucus (grupo) Progresista del Congreso , aseguran que Obama podría proteger de la deportación.
Pero sea cual sea su alcance, y a pesar de que cualquier medida solo sería temporal, la oposición republicana ya se ha puesto en pie de guerra y ha advertido que una acción presidencial podría significar el enfrentamiento total con el Congreso que ahora domina la derecha.
Numerosos republicanos han prometido luchar con todos los recursos legales a su alcance contra lo que consideran una “amnistía” de indocumentados.
Amenazas. En el tema migratorio Obama “está jugando con fuego, y cuando uno juega con fuego, puede quemarse”, advirtió el jueves el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, en una reunión a puerta cerrada del Partido Republicano en el Capitolio, según el diario Político .
“La semana pasada se lo dije al presidente a la cara: ‘Si usted procede y ordena por decreto una amnistía, no solo puede irse despidiendo de lograr una reforma migratoria durante su presidencia, también pondrá en juego otros temas”, reveló Boehner.
Entre esos “otros temas” que podrían verse afectados figuran desde las negociaciones presupuestarias a la confirmación de puestos clave del Gabinete de Obama como el nombramiento de Loretta Lynch como próxima fiscal general del país.
Según la Casa Blanca, el mandatario todavía no ha acabado de definir el alcance de sus medidas. “En estos momentos, el presidente no ha tomado una decisión final sobre qué incluirán exactamente los pasos administrativos que va a tomar para intentar atender algunos de los problemas asociados con nuestro quebrado sistema migratorio”, dijo su portavoz, Josh Earnest.
La Casa Blanca declina aclarar si esta semana se firmará el decreto.
Earnest se limitó a decir que Obama recibirá las “recomendaciones finales” de su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, “relativamente pronto”.
A finales de junio, Obama dio por fracasada la vía legislativa para reformar el sistema migratorio por la oposición de la mayoría republicana en la Cámara Baja a votar siquiera el proyecto de ley que un año antes había aprobado el Senado –entonces aún controlado por los demócratas– con apoyo de ambos partidos.
En ese momento, anunció que actuaría por su cuenta para al menos paliar las deportaciones de indocumentados, que durante su mandato han superado la cifra récord de dos millones de personas expulsadas.
A comienzos de setiembre, ante el temor de perder –como finalmente sucedió– la mayoría en el Senado en las elecciones legislativas del 4 de noviembre , el presidente se desdijo de su promesa de actuar antes de que concluyera el verano y retrasó la decisión hasta “antes de que acabe el año”.
Con el reinicio de las actividades parlamentarias, la semana pasada, el debate y las amenazas se han reactivado ante la inminencia del anuncio.
Lazos familiares. Una de las claves está en el alcance de las medidas que pueda decretar Obama. Expertos y observadores coinciden en que éstas se centrarán en dos ejes: los lazos familiares y el tiempo que los inmigrantes sin papeles lleven en el país.
Un modelo sería la exitosa acción diferida (DACA) que Obama decretó en 2012 y que ha beneficiado a algo más de medio millón de jóvenes indocumentados, algo que ahora podría extender a sus familiares.
Las medidas paliativas también podrían beneficiar a parientes de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges o padres, para acelerar su proceso de regularización o evitar que deban esperar para ello en el extranjero hasta 10 años, como sucede ahora.
