El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye un año de trabajos, sin que se conozca el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de setiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).
Los expertos hacen duras observaciones sobre las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (Fiscalía), el sistema penal y denuncian presuntos casos de tortura contra 17 de los más de 100 detenidos en el caso.
El documento detalla “obstrucciones” a su investigación, principalmente este año, como el rechazar que volvieran a entrevistar a 17 detenidos y al 27 Batallón del Ejército.
El GIEI está integrado por dos abogados colombianos, otro chileno, una exfiscal guatemalteca y un psicólogo español.
El informe fue presentado ante cientos de personas, que enumeraron del 1 al 43 para luego clamar en coro: ¡Vivos se los llevaron. Vivos los queremos!
Los expertos llegaron a México en marzo de 2015 tras un acuerdo del Gobierno con la CIDH, su mandato fue renovado, pero ahora las autoridades, ya en un abierto desencuentro con los expertos, rechazaron otra prórroga y el GIEI se va el 30 de abril.
Verdad histórica. Según la Fiscalía, los jóvenes, que tomaron cinco autobuses de pasajeros para utilizarlos en sus movilizaciones, fueron atacados el 26 de setiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos. En el asalto murieron tres estudiantes y tres personas que estaban en la zona.
La denominada “verdad histórica” que defiende la Fiscalía y que el GIEI rechaza, es que los jóvenes fueron asesinados por los narcotraficantes, incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.
Sin acusar directamente a fuerzas federales, el documento enumera “nuevos datos” sobre la participación de agentes de la “policía federal en un retén” o su presencia en un punto carretero donde fue atacado uno de los autobuses y donde también “estaba presente un agente de inteligencia del Ejército”.
Uno de lo mayores cuestionamientos del GIEI es que el Gobierno no les autorizó entrevistar a elementos del 27 Batallón.
Según el informe, cuando los estudiantes eran atacados, “el 27 Batallón tenía información de lo que estaba sucediendo casi en tiempo real”, gracias al sistema de vigilancia de las fuerzas de seguridad.
Un nuevo elemento que el GIEI demanda sea investigado es la supuesta existencia de un militar del 27 Batallón, apodado el Satánico y que traficaría armas para Guerreros Unidos.
También reclama que sean investigados policías federales por su presunta “participación o conocimiento” en la desaparición de los estudiantes.
Testimonios. El informe cita a sobrevivientes que señalan a policías federales de haberles apuntado con armas cuando bajaban de uno de los autobuses, mientras que chicos de un equipo de fútbol que pasaban por la zona y que también fueron atacados dicen que observaron patrullas federales en un bloqueo carretero y que no asistieron a los heridos.
Otros testimonios manifiestan la presencia de policías federales cerca del Palacio de Justicia de Iguala, donde fue atacado otro autobús y los estudiantes fueron golpeados y subidos a patrullas de Iguala y Huitzuco.
El informe señala que el móvil del ataque aún es incierto.
