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Miles pasan a Colombia para comprar alimentos

Venezolanos se alistan para huelga de ultimátum a Maduro

Actualizado el 25 de julio de 2017 a las 04:51 pm

Gobierno detiene a dos magistrados de una corte suprema paralela

Exfiscal de CPI estudiará denuncias de delitos de lesa Humanidad

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Venezolanos se alistan para huelga de ultimátum a Maduro

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Caracas. AFP. Temerosos de un mayor caos, los venezolanos se preparan para una huelga de 48 horas, entre miércoles y jueves, en un ultimátum de la oposición al presidente Nicolás Maduro para que suspenda la elección, el domingo, de su polémica Asamblea Constituyente.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a abastecerse de comida de cara al paro, que convocó junto con bloqueos de calles en todo el país, lo que genera preocupación ante posibles estallidos de violencia.

A ello se suma el nerviosismo desatado por la avalancha de rumores en las redes sociales, principal fuente de información de los venezolanos.

“Compré comida extra, que no se dañe: latas y congelados. No lo tenía en mi presupuesto, pero la compré con mi tarjeta de crédito. Hay que prepararse para no morirnos de hambre”, dijo Eugenia Santander, vecina del oeste de Caracas.

A Colombia. Con enormes maletas a cuestas, decididos a migrar o a abastecerse de alimentos, miles de venezolanos van y vienen como hormigas por la frontera con Colombia.

A diario unos 25.000 venezolanos entran a Colombia y otro número igual sale, en un tránsito circular para comprar productos como arroz, azúcar, pasta o de aseo personal, y para ganar dinero en trabajos informales.

Ante la incertidumbre y el temor de lo que puede suceder en Venezuela el domingo, Colombia se prepara.

El director de la oficina de Migración, Christian Krüger, dijo que las autoridades tienen listo un “plan de contingencia” para varios escenarios, incluso un éxodo masivo desde el vecino país.

El rechazo a la Constituyente –del 70%, según Datanálisis– escaló aún más las protestas que iniciaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro, y que dejan más de un centenar de muertos.

Para el viernes, la MUD llamó a una gran marcha en Caracas, advirtiendo que si Maduro insiste en la elección, tomará acciones más contundentes el sábado y domingo en un “boicot cívico electoral”.

Trabajadores. Las principales centrales obreras anunciaron que se sumarán a la huelga. Sin embargo, el gobierno controla la estratégica industria petrolera, fuente del 96% de divisas del país, y el sector público, de más de tres millones de empleados.

“Exigimos a Maduro que quite la Constituyente porque va a traer más hambre y miseria. Sólo queremos vivir dignamente, que el salario alcance”, aseguró el sindicalista Miguel Quiroz, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

La convulsión política se alimenta de una severa crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, y un alto costo de la vida. El FMI calculó en 720% la inflación para este año y en 12% la caída del PIB.

La MUD no participará en la Constituyente alegando que no fue convocada en referendo y el sistema de elección de los 545 asambleístas fue diseñado para que el gobierno la controle y pueda imponer -según dice- un “sistema comunista”.

En una reunión el lunes con el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el líder opositor Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, advirtió sobre “la grave conflictividad” que desatará la Constituyente, según su copartidario Freddy Guevara.

Rodríguez Zapatero, que promovió en 2016 un fallido diálogo, busca en Caracas acercar posiciones, y aunque el gobierno asegura que hay negociaciones, la MUD rechaza conversar si no se detiene la Constituyente.

Maduro asegura que su proyecto, que según él traerá prosperidad y paz al país, es imparable. “En unos días, el pueblo tendrá su Asamblea Constituyente llueva, truene o relampaguee”.

El gobierno puso a toda marcha su llamada “maquinaria 4x4”: cada miembro de organizaciones de base del partido gobernante y de los movimientos sociales debe llevar diez votantes a las urnas.

Los otros dos ejes son un censo para la distribución de alimentos subsidiados y una carnetización masiva de beneficiarios de programas sociales, lo que es visto por la MUD como un mecanismo de control y presión para un voto masivo.

Según el analista Benigno Alarcón, una alta abstención restaría legitimidad a la Constituyente, frente a los 7,6 millones de votos que según la MUD obtuvo en el plebiscito simbólico que realizó el 16 de julio contra esa iniciativa.

Esa legitimidad está también afectada por un creciente llamado de gobiernos de América Latina y Europa para que Maduro aborte su proyecto. El presidente estadounidense, Donald Trump, fue más lejos al amenazar con sanciones económicas.

“El tiempo de los imperios y de los que se creían dueños del mundo pasó y Venezuela tiene que demostrarlo esta semana”, aseguró la noche del lunes Maduro, quien acusa a sus adversarios de orquestar un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.

El poder electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno, habilitó centros de contingencia para que acudan los votantes de sitios conflictivos del país.

Arresto de jueces. Aumentando las tensiones, dos magistrados de una corte suprema paralela designada por el Parlamento de mayoría opositora, fueron detenidos este martes, con lo que suman tres los jueces arrestados.

El 21 de julio, el Parlamento juramentó a 33 magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo, alegando que los jueces de esa corte fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista y están al servicio del gobierno.

En el plano externo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó este martes a un exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la CPI, se sumará como “asesor de la organización para los temas de análisis de delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela”, dijo Almagro.

Si se comprobaran, la OEA daría insumos para que países de la región hagan la denuncia ante la CPI.

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