EscucharSanto Domingo. AP. La decisión del Tribunal Constitucional dominicano de despojar de su nacionalidad a millares de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, crea una crisis de índole humanitaria y coloca a muchos de ellos en la posibilidad de ser deportados, opinaron ayer expertos y los propios afectados.
El fallo, dado a conocer el jueves, es inapelable y da a la Junta Central Electoral plazo de un año para elaborar la lista de personas nacidas después de 1929 a las que se les quitará la nacionalidad. La medida comprende a los haitianos traídos al país como trabajadores agrícolas y sus descendientes.
No existen cifras sobre la cantidad exacta de personas afectadas. De acuerdo con estadísticas oficiales, la Junta Central Electoral investiga unas 16.000 actas de nacimiento de las últimas décadas y ha negado cédulas de identidad a 40.000 personas. La organización no gubernamental Centro Bonó estimó que son centenares de miles. “Son cuatro generaciones de afectados” , advirtió.
La Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society “está impactada y profundamente preocupada” , dijo Julia Harrington, funcionaria de Asuntos Legales para la Igualdad y Ciudadanía, en un correo electrónico a The Associated Press.
En el limbo. La medida no solo dejará como apátridas a miles de personas y a sus hijos, sino que, por la falta de documentos, los coloca en la posibilidad de ser deportados a Haití, un país que, en su mayoría, no conocen y al que nunca han ido.
El Tribunal Constitucional argumentó que no deja sin patria a los miles de afectados, ya que la Constitución de Haití otorga la nacionalidad a todos los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.
Según una reciente encuesta del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven unos 458.000 inmigrantes haitianos y la población de ascendencia haitiana es superior a 688.000 (poco menos del 10% de la población del país).
La ley de migración puesta en marcha en 2004 y la promulgación de una nueva Constitución en el 2010 determinaron que los trabajadores inmigrantes temporales, en su gran mayoría haitianos, son extranjeros “en tránsito” y sus hijos nacidos en el país ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana de forma automática.
“Uno siente que eso va a llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me mandan a Haití” , expresó Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años a quien las autoridades le niegan el derecho a obtener su cédula y su certificación de nacimiento.
Las autoridades migratorias realizan de forma permanente revisiones en las calles para detener y deportar a los haitianos que cruzan la frontera sin permiso migratorio en busca de trabajo.
Centenares de dominicanos de ascendencia haitiana también han sido deportados por carecer de documentos de identidad, recordó Altagracia Jean, quien es activista de una organización que defiende los derechos de los descendientes de haitianos y a quien durante cinco años la Junta Central Electoral le negó sus documentos.
La oficina del primer ministro haitiano Laurent Lamothe se negó a hacer declaraciones.El fallo deja “desprovista de la nacionalidad dominicana, deviniendo en apátrida (...) a miles de personas que nacieron en suelo dominicano”, advirtió la jueza del tribunal constitucional Katia Miguelina Jiménez, al votar en contra de la sentencia.El Tribunal Constitucional argumentó que no deja en apatridia a los miles de afectados, ya que la constitución haitiana otorga la nacionalidad de ese país a todos los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.“Es un genocidio civil”, de acuerdo con el abogado Cristóbal Rodríguez, quien encabezó el único proceso judicial de un dominicano de ascendencia haitiana a quien las autoridades le niegan la nacionalidad que ya encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Recordó que no se trata de darles el derecho a obtener la nacionalidad, pues “han sido dominicanos toda su vida”.
