“Es apremiante luchar por cambios en el sistema electoral y actuar presentando propuestas innovadoras que recojan el sentir de los excluidos”, declaró Marco León Calarcá, uno de los delegados de las FARC en las negociaciones con el Gobierno en Cuba.
“Es momento de que se genere la confianza que permita la conversión de la guerrilla en movimiento político alternativo, que pueda poner en alto la voz de los desposeídos”, agregó Calarcá, al comentar el cierre de las inscripciones de candidatos para los comicios municipales y regionales del 25 de octubre.
Candidatos y crimen. Calarcá afirmó que existen “comportamientos que desdibujan el sentido democrático” de los procesos electorales en Colombia. En la presente campaña “hay al menos 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones que estarían vinculados a organizaciones criminales, o cometiendo delitos electorales”, afirmó.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC sellaron el 6 de noviembre del 2013 un acuerdo sobre “participación política” de la guerrilla, una vez que se firme la paz y abandone las armas, pero no contempla reformas electorales.
Ambas partes están negociando en La Habana desde el 19 de noviembre del 2012 un acuerdo para acabar un conflicto armado de medio siglo, el último en América, que ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, de acuerdo con las cifras oficiales.
Como parte de estas negociaciones, también firmaron un pacto para una reforma rural el 26 de mayo del 2013 y otro para el combate a las drogas ilícitas, el 16 de mayo del 2014. Además, el 12 de julio acordaron medidas para desescalar el conflicto, aunque sin declarar un armisticio.
Calarcá justificó la necesidad de reformas: los candidatos a cargos de elección popular en Colombia “navegan en ríos de dineros del erario y de negocios no santos , con el aval de partidos y movimientos que, con pocas excepciones, más parecen redes delincuenciales al servicio de intereses personales”.
Las FARC –que decretaron temporalmente treguas en ambas vueltas de los comicios presidenciales de 2014– habían pedido “depurar” el padrón electoral colombiano para impedir fraudes, el 10 de setiembre del 2013.
Ambas partes acordaron, el 4 de junio, crear una comisión de la verdad e iniciaron en mayo un plan piloto de desminado, que consensuaron el 7 de marzo.
Como parte del desescalamiento, las FARC iniciaron una tregua unilateral el 20 de julio y el Gobierno suspendió los bombardeos a campamentos rebeldes cinco días después. Estas medidas han oxigenado el proceso de paz, que parecía agonizar tras un recrudecimiento de las hostilidades en abril.
Las medidas de desescalamiento y el desminado son los únicos compromisos instrumentados por ahora, pues los demás están a la espera de un acuerdo final de paz, porque las negociaciones se basan en el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
En el presente ciclo de diálogos –el 39.º desde el 2012– las partes comenzaron a discutir el complejo tema de justicia para los crímenes cometidos en el conflicto, y continuaron sus debates técnicos sobre desminado y el fin de las hostilidades.
Asimismo, pronto podrían anunciar un compromiso para la reparación de las víctimas del conflicto, 60 de las cuales entregaron sus conmovedores testimonios ante los negociadores en La Habana a fines del 2014.
Los negociadores del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, iniciarán un receso este domingo, pero retomarán sus diálogos hacia el 11 de agosto.
Cuatro países participan en este proceso de paz: Noruega y Cuba como “garantes”, y Chile y Venezuela como “acompañantes”.
El gobierno de Santos sostiene paralelamente diálogos exploratorios con la otra guerrilla izquierdista colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el propósito de iniciar negociaciones formales.
