La comisión de relaciones exteriores del Senado estadounidense aprobó el martes un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que han dejado 42 muertos en ese país.
Con la aprobación del panel de 18 miembros, 10 de ellos demócratas, la iniciativa será remitida ahora al pleno del Senado.
El presidente de la comisión, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, dijo a periodistas tras la sesión que “nuestro mensaje es bien claro: No vamos a aceptar violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que abogan pacíficamente por sus derechos”.
Menéndez es autor de la legislación junto al republicano por Florida Marco Rubio, quien expresó su expectativa de que el pleno del Senado celebre una votación “en cuestión de semanas, no meses”.
El proyecto de ley pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
El gobierno estadounidense considera como prematura la aplicación de sanciones porque espera los resultados de un diálogo que el gobierno venezolano inició con la oposición hace un mes para poner fin a la crisis, con la mediación del Vaticano y otros países sudamericanos.
Mientras el panel del Senado votaba el proyecto de ley el martes, el portavoz de la coalición opositora anunciaba en Caracas que las conversaciones seguirán suspendidas indefinidamente hasta que el Ejecutivo responda a varias exigencias opositoras que incluyen la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los “presos políticos”, el “desarme” de los grupos paramilitares pro oficialistas, y la excarcelación de los estudiantes detenidos por manifestar en los últimos meses.
Las protestas callejeras en Venezuela han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General venezolana.
La iniciativa aprobada en la comisión senatorial no identifica a funcionarios específicos, tarea que correspondería al Departamento de Estado. Rubio señaló que al menos 25 funcionarios venezolanos reúnen las condiciones para sufrir sanciones, y dijo que planea sugerir nombres al gobierno federal.
La comisión equivalente en la cámara de representantes aprobó a comienzos de mes un proyecto de ley similar, cuya votación en el pleno de la cámara baja aún no tiene fecha definida.
“Hay que reconciliar los dos proyectos. Estoy optimista de que esto va a ocurrir pronto”, agregó Rubio.
El principal republicano en la comisión, el senador por Tennessee Bob Corker, y el demócrata por Nuevo México Tom Udall fueron los únicos que votaron en contra del proyecto de ley.
Corker dijo no tener dudas de que “están ocurriendo violaciones a derechos humanos” en Venezuela, pero atribuyó su voto en contra por su temor de que “el gobierno de Maduro use las sanciones nuestras para justificar todos los problemas que existen en el país”.
La versión aprobada incluye una enmienda propuesta por los republicanos Jeff Flake y Ron Johnson que instruye al Broadcasting Board of Governors proponer una estrategia para expandir las transmisiones de contenido audiovisual y de distribución de información desde Estados Unidos y otras fuentes hacia Venezuela.
El texto solicita un análisis detallado de los “obstáculos tecnológicos, políticos y gubernamentales que enfrentan los venezolanos en sus intentos de obtener noticias precisas, objetivas y completas, e información sobre asuntos nacionales e internacionales”.
El Broadcasting Board of Governors opera Radio y TV Martí, los cuales emiten desde Miami y hacia Cuba programación televisiva vía satélite y radial en amplitud modulada, para lo cual destinó 26 millones de dólares durante el año fiscal 2013.
