EscucharSantiago. AP. Cuatro mujeres que dicen haber sido víctimas de violaciones y un sinfín de vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar, presentaron una denuncia que busca destapar aberraciones poco conocidas como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y un presunto pacto de silencio entre los militares.
Las querellas se incoaron en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza. Las mujeres pudieron presentar su denuncia pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Exigimos que el Gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, cambien las leyes. Tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress, una de las querellantes, quien en 1974 fue detenida a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.
Las mujeres buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874, y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político. Bajo esa legislación, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos se juzgaron como delitos que contemplan penas menores.
Declaración. Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en la ciudad de Nueva York.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/4QLH4H4KZNE4PIKH7OH4KDSIFY.jpg)
Una mujer exhibía un cartel con una foto de una presunta torturadora durante una protesta frente al palacio de la Moneda en Santiago, el 29 de noviembre del 2004. | AFP (MARTIN BERNETTI)
Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían “perras”, anulando su calidad de ser humano, calificándolas de “maracas” (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual.
“Hacían una fila de militares y me obligaban a hacer contacto oral con todos (...). Me cortaron el vientre con un yatagán (un cuchillo corvo) y me hacían tajos con hojas de afeitar en los senos y nos ponían adentro los cables eléctricos y alcohol”.
El padre y el hermano de Ayress salieron libres y partieron al exilio unos seis meses antes que ella. La madre se quedó en Chile hasta que ella fue expulsada del país y ambas se fueron a Italia.
Las otras tres querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.
La demanda incluía a varios hombres que fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.
“A los hombres se les hace más difícil todavía reconocer la condición de violados en los procesos de tortura”, manifestó Cristián Castillo, dirigente del Campo por la Paz Villa Grimaldi, organización de derechos humanos que funciona en el que fue uno de los más terroríficos centros de tortura del régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Castillo afirmó que no le “cabe la menor duda de que podrían aparecer nuevos casos de torturadores y violadores con las declaraciones de compañeras que específicamente denuncian este delito de lesa humanidad como es la violación sexual”.
La dictadura del general Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención.
En 1993 los organismos internacionales comenzaron a clasificar las violaciones cometidas durante un conflicto interno como crímenes de lesa humanidad. Esa figura legal fue adoptada durante juicios relacionados con lo ocurrido en Yugoslavia llevados a cabo en el Tribunal Penal Internacional.
Carroza afirmó que “los tratos inhumanos, degradantes, los cuales eran considerados como un concepto general, pero que tal vez no recibían el nombre de tortura...deben ser considerados dentro de lo que es el concepto internacional (de tortura)”.
