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Santiago. AFP. Cuarenta años después del golpe de Estado de 1973 , el modelo económico y político legado por la cruenta dictadura de Augusto Pinochet es cuestionado en Chile y crece el clamor por conocer toda la verdad para poder al fin cicatrizar las heridas.
El nuevo aniversario, el 11 de setiembre, cuando las fuerzas golpistas bombardearon por aire y tierra el palacio presidencial de la Moneda, donde se suicidó el presidente socialista Salvador Allende , encuentra a Chile con movilizaciones sociales que buscan acabar con la herencia de la dictadura, a pocas semanas de una elección presidencial.
“Hoy nos enfrentamos a otro país. Un país que resolvió salir a marchar por diferentes demandas (...), con un mayor grado de conciencia y una definición clara que hay que cambiar todo lo heredado de la dictadura y eso nos hace enfrentar los 40 años de una manera muy distinta”, dice Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
“Esta conmemoración nos encuentra en el final de un ciclo político que nace en la dictadura, continúa en la transición y que hoy objetivamente se está acabando”, afirma el sociólogo Alberto Mayol, autor del libro El derrumbe del modelo.
Empujados por los estudiantes, que gritaron en las calles ¡y va a caer... y va a caer... la educación de Pinochet!”, la sociedad chilena exige cambios a un sistema económico al extremo liberal, que tiene a Chile a las puertas de convertirse en un país desarrollado, pero con una gran desigualdad y un sistema político poco representativo.
Junto a un grupo de discípulos del economista estadounidense Milton Friedman, Pinochet logró el despegue de la economía después de la privatización de la salud, la educación, las pensiones y una casi total apertura de la economía al exterior.
Chile está a punto de alcanzar un ingreso per cápita de $20.000 anuales, el más alto de la región, mientras los gobiernos de la transición democrática lograron desde 1990 reducir la pobreza de un 40% a un 14%. Pero las disparidades sociales persisten.
Reacomodo, no eliminación. “No creemos que se esté buscando un cambio radical de volver a lo que tuvimos antes de los 70, sino que se está buscando quizás mayor participación en este modelo de algunos grupos. No es que quieran estar fuera del modelo, sino que ser más parte del modelo”, considera Francisco Klapp, investigador del instituto Libertad y Desarrollo, de tendencia de derecha.
A dos meses de los comicios presidenciales, el futuro del modelo está en juego.
La exmandataria socialista Michelle Bachelet y amplia favorita para vencer prometió una profunda reforma política para acabar con los cerrojos de la dictadura, que incluye una nueva Constitución que deje atrás la impuesta por Pinochet en 1980, en contraposición a su principal contendora, la derechista Evelyn Matthei, que apunta a mantener el modelo.
“A mí me encanta que haya mujeres en la política, pero no nos equivoquemos. Aquí hay una carrera de proyectos de país distintos”, dijo recientemente Bachelet.
A 40 años del golpe de Estado, como un ardid del destino, la campaña electoral enfrenta también a dos mujeres que compartieron la infancia pero cuyos destinos se enfrentaron por el desenlace de aquel acontecimiento.
Sus padres eran generales de la Fuerza Aérea y compartían una estrecha amistad, pero mientras Alberto Bachelet fue apresado ese mismo día por mantenerse leal a Salvador Allende (murió meses después víctima de torturas), Fernando Matthei integró la Junta Militar de Pinochet.
Michelle Bachelet y su madre fueron arrestadas, torturadas y debieron partir al exilio. Evelyn Matthei formó parte del círculo íntimo del dictador.
A la par de los pedidos de cambio, crece el reclamo por conocer toda la verdad de una dictadura que dejó más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturados.
Conforme se acerca la fecha de conmemoración, la revisión por parte de la prensa de los principales crímenes ha reabierto las heridas de una sociedad que aún está muy lejos de reconciliarse.
“Con el paso del tiempo, reconciliación y justicia se han transformado en antítesis. En cualquier país, la justicia puede llevar a la reconciliación; en Chile la reconciliación es sinónimo de injusticia y de impunidad. Lamentablemente no se ha avanzado en la justicia necesaria para provocar un reencuentro”, manifiesta presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
“No se puede cerrar ciclos mientras no se digan las cosas que todavía se han omitido decir. Han pasado 40 años y hay muchas cosas que apenas empiezan a aflorar”, afirma Isabel Allende, senadora e hija del exmandatario socialista.
La Justicia chilena mantiene abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen la pena en la cárcel, casi todos en recintos militares especiales.
Manuel Contreras, quien se desempeñó como jefe de la temida policía política de la dictadura, la DINA, está en prisión, cumpliendo más de 200 años.
Pinochet murió hace siete años, sin que fuera condenado.
