EscucharMéxico EFE Seis meses de investigaciones necesitaron los expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para derribar la “verdad histórica” de la Fiscalía mexicana sobre la desaparición de 43 estudiantes y lanzar una hipótesis sobre el móvil de los hechos que no ha sido explorada.
En la mañana del domingo y tras haber acabado su periodo de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe de conclusiones en el que niega la hipótesis ofrecida por el Gobierno de que los estudiantes, desaparecidos el 26 de setiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron quemados en un basurero.
Los expertos rechazaron categóricamente esta posibilidad, con base en un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios, quien, tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales, concluyó que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis” del Gobierno.
No era posible. La evidencia recolectada muestra que “el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado” en el basurero de Cocula, ni siquiera para uno solo de ellos.
Con esto se pone en duda la versión oficial ofrecida en enero por el entonces fiscal, Jesús Murillo, la llamada “verdad histórica” que decía que los jóvenes fueron asesinados por narcos del cartel Guerreros Unidos e incinerados en una enorme hoguera que ardió durante horas.
Murillo dijo que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.
Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río solo pudo identificar genéticamente a uno de los jóvenes.
Además, los expertos denunciaron que algunos detenidos fueron torturados por las autoridades para obtener la confesión.
En la presentación del documento, los expertos denunciaron también numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas, omisiones, destrucción de evidencia, y exigieron que se siga buscando a los jóvenes, ya que siguen siendo desaparecidos.
Recomendaron seguir una nueva línea de investigación, el móvil del traslado de estupefacientes, que no ha sido tenida en cuenta hasta ahora.
La toma, por error, de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición.
Según el experto Carlos Beristain, “el patrón de actuación” de los perpetradores de los ataques aquella noche muestra una intención de “no dejar salir los buses de Iguala” y “acabar con cualquier posibilidad de huida”.
El grupo denunció que aquella noche los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos, que podría ser “central” en la investigación.
La toma de los autobuses en Iguala para ir a la capital y participar en una manifestación podría haberse cruzado con la “existencia de drogas ilícitas (o dinero)” en una de las unidades.
Los expertos denunciaron que ninguna fuerza del Estado mexicano actuó para proteger a los estudiantes, ni policías de Guerrero, ni agentes federales, ni miembros del Ejército.
El Gobierno de México anunció que prorrogará el mandato de los expertos.
