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Barcelona
El Gobierno de España asumió este sábado el control sobre las operaciones de la Policía regional catalana, una nueva medida con la que quiere impedir el referendo de independencia del 1.° de octubre y que enfureció a los separatistas.
En una reunión celebrada en Barcelona, la Fiscalía Superior de Cataluña dispuso que un alto funcionario del Ministerio español de Interior coordine las operaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía autónoma de Cataluña (Mossos d'Esquadra), para reforzar el dispositivo encaminado a impedir la consulta, prohibida por la Justicia.
El Gobierno independentista catalán, decidido a celebrar la consulta, denunció enérgicamente la decisión como una "injerencia", ya que la medida pone bajo control del Ministerio del Interior a los Mossos d'Esquadra.
"Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos d'Esquadra", dijo el consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, quien añadió que sus servicios están "estudiando" un recurso.
"No entendemos y, por tanto, criticamos rotundamente" la decisión del Gobierno español, expresó el Sindicato Autónomo de Policía (SAP), mayoritario en los Mossos.
El mando de los Mossos indicó en una nota informativa que dará "cumplimiento" a las instrucciones de la Fiscalía, si bien "no comparte" que su actividad se vea "tutelada por un órgano dependiente del Ministerio del Interior".
Un portavoz del Ministerio explicó que esto "no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d'Esquadra". El objetivo, aseguró, es "reforzar el dispositivo" encaminado a impedir la votación.
No habrá referendo. Al tiempo que se conocía esta decisión, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a los independentistas catalanes a asumir que el 1.° de octubre "no va a haber" referendo.
"Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático hoy es parar. Digan que no hay el referendo, que saben que no va a haber", expresó Rajoy desde Palma de Mallorca (este), en un acto del Partido Popular (PP), que encabeza.
"Hoy saben además que el Estado de derecho ya impidió el referendo, lo saben, son plenamente conscientes", enfatizó.
La medida de este sábado se suma a una cascada de actuaciones impulsadas esta semana por el Gobierno de Madrid contra la celebración de la consulta.
El miércoles, la Guardia Civil registró edificios oficiales del Gobierno catalán y detuvo a 14 personas, incluyendo a varios altos funcionarios regionales que quedaron en libertad con cargos.
Las cuentas del Gobierno regional fueron intervenidas, millones de papeletas incautadas, e igualmente se enviaron refuerzos policiales, alojados en tres barcos frente a las costas catalanas.
Por otro lado, el viernes dimitieron, a instancias del Ejecutivo catalán, los miembros de la junta electoral creada para la consulta, a quiene s el Tribunal Constitucional impuso multas de 12.000 euros diarios.
Pese a todo, el jefe del Gobierno reguional, Carles Puigdemont, dejó claro que la consulta sigue adelante. En su cuenta de Twitter, publicó un nuevo enlace de acceso a la web de información sobre el referendo, al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó cerrar otra web con la misma información.
En las calles de Barcelona, la movilización de los separatistas era este sábado menor que en días anteriores, coincidiendo con la festividad popular de La Merced.
No obstante, el referendo está en la mente de todos, y este sábado podía verse en el Ayuntamiento una gran pancarta con el lema "Más democracia".
"La Merced sigue su curso normal, pero en pequeños gestos se está dando apoyo" a la consulta, afirmó en la Rambla de Barcelona Carles Leal, de 26 años, antes de participar en un desfile de gigantes y cabezudos.
A poca distancia de allí, unos 400 estudiantes pasaron la noche en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Aunque la ocupación, iniciada el viernes, concluirá "el lunes o el martes", indicó Nuria Martín, portavoz de la Plataforma de Universidades por la República.
El miércoles, en una de las manifestaciones más polémicas, miles de independentistas se concentraron ante la consejería regional de Economía para impedir que la Guardia Civil, que estaba efectuando registros dentro, pudiera salir. En la concentración fueron gravemente dañados tres vehículos del instituto armado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el viernes una denuncia por "sedición" -un delito que puede castigarse con una pena de prisión- y citó dos figuras del independentismo catalán, los dirigentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, que habían llamado a protestar.
El dirigente de Omnium, Jordi Cuixart, reiteró este sábado en Catalunya Radio su "llamamiento a la movilización permanente hasta el 1.° de octubre", aunque insistió en que tratan de evitar "cualquier tipo de actitud violenta".
