EscucharAtenas. EFE. Tras conseguir luz verde de la eurozona para recibir el tercer rescate, el primer ministro griego, Alexis Tsipras , debe hacer frente ahora a las disidencias internas que han puesto en serio peligro la estabilidad de su gobierno.
El Ejecutivo celebró la decisión del Eurogrupo que avaló el rescate y señaló que el objetivo es hacer que el país vuelva “al crecimiento y a hacer frente a la economía griega”.
El rescate, con una validez de tres años y un monto que puede llegar hasta los 86.000 millones de euros, recoge un amplio compendio de ajustes que afectarán temas sensibles como las pensiones, el impuesto del valor agregado (IVA) o las privatizaciones.
A cambio, el Gobierno solo ha conseguido arrancar la promesa de que en función de los resultados que arroje la primera evaluación, prevista para octubre de 2015, las instituciones valorarán la sostenibilidad de la deuda , aunque el Eurogrupo dejara claro que si bien se podrían conceder posibles periodos de gracia, la quita nominal es imposible.
De este alivio dependerá que el Fondo Monetario Internacional entre a formar parte del rescate , un requisito que países como Alemania, cuyo Parlamento votará el miércoles si aprueba el nuevo plan, han fijado como condición.
Atenas ha reconocido que no se trata de un buen acuerdo y que implicará medidas dolorosas.
El ministro de Energía y Reconstrucción Productiva, Panos Skurletis, afirmó que el Ejecutivo tratará de implementar las reformas “de la manera más social posible, evitando el sufrimiento”.
Pero no todos los miembros en el gobierno de Syriza han aplaudido la consecución del pacto, cuya aprobación en el Parlamento dejó claras las diferencias.
Hasta 47 diputados izquierdistas dieron la espalda al rescate en la votación, con lo que la coalición gubernamental formada por Syriza y el nacionalista de derechas Griegos Independientes, consiguió tan solo 118 votos a favor, solo dos por debajo de la “barrera psicológica” necesaria para mantener la estabilidad griega .
La división interna de Syriza provoca que la convocatoria de elecciones se plantee casi como un hecho inevitable, pues existe una fracción que no está dispuesta a defender al Gobierno tras la aprobación del rescate.
