París. AFP. El Consejo Constitucional de Francia denegó ayer la “cláusula de conciencia” a los alcaldes que se oponen a celebrar matrimonios homosexuales.
Los alcaldes opuestos a ese tipo de uniones recurrieron al Consejo Constitucional, máxima institución judicial, para saber si invocar la cláusula de conciencia era acorde con la Constitución.
La ley que autoriza el matrimonio entre parejas homosexuales entró en vigor el 18 de mayo.
El Consejo Constitucional dictaminó que los puntos de la ley impugnados por los alcaldes son “conformes con la Constitución”.
El Consejo especificó que el Parlamento, al no contemplar una cláusula de conciencia en este caso, “quiso asegurarse de que los funcionarios apliquen la ley, garantizando así el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público del Estado civil”.
Ante una corte. Pero los alcaldes opuestos a oficiar matrimonios entre parejas del mismo sexo –cuyo colectivo reivindica el apoyo de 20.000 ediles– no dan el brazo a torcer y ya anunciaron que recurrirán a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).
Ludovine de la Rochère, presidenta del movimiento Manif pour tous , que encabezó las manifestaciones contra el matrimonio gay, anunció que los activistas saldrán a las calles.
El presidente francés, François Hollande, había defendido ante un congreso de alcaldes en noviembre la cláusula de conciencia, antes de dar marcha atrás, debido a las protestas de los defensores del matrimonio homosexual.
“No se puede simplemente desechar de un plumazo esta promesa hecha a los alcaldes”, declaró el 8 de octubre el abogado del colectivo de alcaldes ante los nueve miembros del Consejo Constitucional.
Los demandantes, añadió, piden que cuando los alcaldes o sus adjuntos se nieguen a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, puedan ser reemplazados por un agente del Estado.
Según un sondeo reciente, el 54% de los franceses están a favor de una cláusula de conciencia para los alcaldes.
Desde que la ley que autoriza los matrimonios homosexuales fue promulgada, algunos alcaldes se han negado a celebrarlos y delegaron esta labor a sus adjuntos o a otros miembros de los concejos municipales.
Sanción prevista. Los alcaldes que se nieguen a oficiar matrimonios entre parejas del mismo sexo o a designar a un adjunto, se exponen a cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros.
El primer matrimonio homosexual en Francia se celebró en Montpellier (sur) el 29 de mayo. A finales de agosto, alrededor de 600 bodas entre personas del mismo sexo se habían celebrado en las 50 ciudades más grandes de Francia, lo que equivale al 1% del total de enlaces de ese periodo, según un balance de la radio France Inter.