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Policías y pandilleros se enfrentan en El Salvador

Actualizado el 23 de abril de 2015 a las 12:00 am

Mareros disponen de armas pesadas y atacan sedes de la Policía y del Ejército

Autoridades optan por combatirlos en las calles y aislarlos en las prisiones

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Miembros de la Policía Nacional Civil asistieron ayer en la ciudad de Zacatecoluca al funeral de su compañera Wendy Yamileth Alfaro Mena, asesinada por miembros de la Mara 18. | AFP

San Salvador. AFP. Con chalecos antibalas y rostros cubiertos, batallones élite enfrentarán en El Salvador a las pandillas que, armadas con fusiles y tácticas de guerrilla, atacan por sorpresa a policías y militares.

Son presagios de una guerra social sin vaticinios de corto plazo, temen los expertos.

El Salvador entró “en un momento de definición porque el Gobierno, sin renunciar a la prevención y reinserción, enfrenta a las pandillas intensificando la represión, lo que ha desatado una escalada” con el asesinato de policías y soldados que no se sabe cuándo finalizará, explicó Juan Ramón Medrano, experto en temas de seguridad.

Entre el 1.° de enero y el 5 de abril se registraron 1.194 homicidios, 481 de ellos en marzo, que fue el mes más violento de la última década.

Además, 23 policías y seis militares han perecido a manos de las pandillas, que han atacado varias instalaciones de la Policía y el Ejército, particularmente en el último mes.

Golpes y contragolpes. Como respuesta, el presidente Salvador Sánchez Cerén, antiguo comandante guerrillero, ordenó trasladar a más de 50 cabecillas al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca .

También dispuso reubicaciones masivas de pandilleros en presidios en cuyos alrededores no haya miembros de la misma banda o familiares, para cortarles la comunicación y logística que usan para seguir delinquiendo desde la cárcel.

Las pandillas públicamente no han renunciado a una tregua que declararon en marzo del 2012 con la mediación de la Iglesia y facilitada por el entonces presidente, Mauricio Funes.

No obstante, con sus ataques a policías y soldados “han alimentado un pánico colectivo que hace que la gente pida a gritos medidas excesivamente represivas”, advirtió el criminólogo Carlos Ponce.

Ante el recrudecimiento de la violencia, Sánchez Cerén ordenó la creación de batallones de “reacción inmediata”, uno de la Policía y tres del Ejército.

“Ningún crimen quedará impune. La represión del delito está basada en la ley”, aseguró el presidente, quien aclaró que el Gobierno dará todo su respaldo a los pandilleros que se “arrepientan” y “quieran regresar a la vida de la comunidad”.

Pero la creación de esos batallones, según Ponce, es dar “mayor poder” a los cuerpos de seguridad sin “efecto alguno sobre las estructuras delictivas”, por ser organizaciones complejas que no se debilitarán fácilmente.

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Las pandillas –las más violentas, la mara Salvatrucha y Barrio 18, que según las autoridades tienen unos 10.000 miembros encarcelados y 60.000 en las calles– mantienen una fuerte disputa por el control de territorios, donde extorsionan a la población y comercian droga.

Con las unidades élite de seguridad se pretende “garantizar el combate del delito en todas sus formas”, explicó el comisionado presidencial de seguridad, Francis Hasbún.

Para uno de los mediadores de la fracasada tregua entre pandillas, el excomandante guerrillero Raúl Mijango, El Salvador se encamina hacia un enfrentamiento de mayores proporciones.

“Vamos a la guerra con algunas características que tuvo la pasada guerra civil (1980-1992), como las fuerzas convencionales luchando contra fuerzas irregulares”, declaró Mijango.

El exguerrillero atribuyó el recrudecimiento de la violencia al “cierre de los espacios de diálogo” abiertos con la tregua entre pandillas, que en un primer momento dejaron de atacarse y bajó el promedio diario de homicidios de 14 a 5. En marzo, fue de 15,5.

Las pandillas disponen de fusiles de grueso calibre y entrenamiento militar. El ministro de la Defensa, David Munguía, reconoció que grupos de entre 12 y 16 pandilleros se desplazan en el departamento de La Paz y en el cerro de Guazapa, 30 km al norte de San Salvador, donde reciben “algún tipo de adiestramiento”, por lo que el Ejército incrementó la presencia.

El Gobierno creó en setiembre pasado el Consejo de Seguridad Pública, que presentó en enero un plan de seguridad que requiere una inversión de $2.100 millones en los próximos cinco años.

Mijango estimó que el plan es una “fachada política de la represión”y abogó por abrir espacios a la distensión.

Más de dos décadas después de haber concluido una guerra civil que dejó 75.000 muertos, El Salvador, de seis millones de habitantes, es hoy uno de los países más violentos del mundo con una tasa de más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, según las Naciones Unidas.

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