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Narcos intentaron asesinar al presidente de Honduras en 2014

Actualizado el 20 de abril de 2015 a las 05:25 pm

En el plan estuvieron involucrados guatemaltecos, hondureños, colombianos y mexicanos

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Narcos intentaron asesinar al presidente de Honduras en 2014

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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, durante su visita a Costa Rica para la Celac (Jorge Arce.)

Washington

Los cuerpos de seguridad hondureños desbarataron en setiembre de 2014 un plan para asesinar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, algo que fue confirmado entonces por los Estados Unidos, informaron fuentes oficiales desde Tegucigalpa.

En el plan estuvieron involucrados guatemaltecos, hondureños, colombianos y mexicanos que introdujeron armas al país, dijo el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien entonces era jefe de Inteligencia.

Algunos de los implicados en el plan, principalmente los cabecillas, fueron capturados y devueltos a sus países, donde tenían cuentas pendientes con la Justicia, según la información que por primera vez dan a conocer funcionarios de la administración de Hernández, que asumió el poder el 27 de enero de 2014.

Las amenazas contra Hernández iniciaron cuando era presidente del Parlamento (2010-2014) , desde donde impulsó unas 23 leyes para el combate de la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, recordó Pacheco.

Las nuevas leyes comenzaron a surtir efecto en el país en 2014 con el desmantelamiento de bandas de narcotraficantes, la incautación de varios bienes mal habidos y la extradición de alrededor de una decena a Estados Unidos, acusados de introducir droga en este país, recordó el alto funcionario.

Ante esa situación, "el hombre, el enemigo a atacar es el presidente de la República, porque él es la cabeza visible de toda la estrategia y quien les está atacando y les está haciendo daño " a los narcotraficantes, subrayó Pacheco.

El canciller hondureño, Arturo Corrales, quien entonces era ministro de Seguridad, dijo que el plan de asesinar al presidente también fue confirmado por Estados Unidos, cuyas autoridades notificaron a Tegucigalpa lo que estaba ocurriendo.

"Se sabe los montos que se estaban pagando, se sabe las personas que vinieron a Honduras de origen mexicano, se sabe dónde estuvieron operando, hay llamadas telefónicas, hay confesiones en las llamadas telefónicas" , enfatizó Corrales.

Agregó que el servicio de inteligencia del país logró desbaratar el plan, lo que no solamente implicó la captura de nacionales y extranjeros, sino que también se hallaron "armas que confirmaban la forma en que iba a ser asesinado el presidente".

Corrales dijo que entonces, aún cuando se había capturado a los presuntos responsables del plan para eliminar al gobernante y atentar contra otros miembros de su familia, la denuncia no se hizo por deseo del propio presidente.

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"El presidente ahí tomo una decisión, para mí estratégica, pero además valiente; obviamente, podían existir dos acciones, la de introducir miedo para que se detuvieran las cosas, pero también meter distracción de lo que se estaba haciendo", agregó.

En opinión del presidente, según dijo Corrales, era más importante para él seguir con el plan global de todas las capturas y de los desmantelamientos de las bandas que distraer recursos y capacidad en otras cosas.

La fecha para asesinar al presidente que los narcotraficantes habían programado era entre el 20 y 21 de setiembre, cuando Hernández llegara en helicóptero al aeropuerto de la ciudad de Gracias, en el occidental departamento de Lempira, de donde es originario, indicó el ministro de Seguridad.

Para la operación, los implicados, además de tres ametralladoras antiaéreas y otro tipo de armas, también adquirieron motocicletas y cuatrimotos, todas confiscadas, para huir rápido del sitio donde pensaban dar muerte a Hernández, añadió Pacheco.

Según Corrales y Pacheco, la intención de asesinar a Hernández no ha surgido de una banda de narcotraficantes en particular, sino de varias, por los golpes que han recibido desde que Honduras decidió enfrentar con firmeza el tráfico de drogas, incautarles sus bienes y extraditar a EE. UU. a los reclamados por ese país.

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