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Policía sacó a diputados que estaban rodeados en el Congreso

Grupos llaman a paro nacional para exigir renuncia del presidente de Guatemala

Actualizado el 16 de septiembre de 2017 a las 02:50 pm

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Grupos llaman a paro nacional para exigir renuncia del presidente de Guatemala

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Manifestantes se congregaron el viernes 15 de setiembre del 2017, en las afueras del Congreso, en Ciudad de Guatemala, para exigir la renuncia de los diputados. (AFP)

Ciudad de Guatemala

Grupos sociales de Guatemala convocaron a un paro nacional el miércoles para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, luego de una convulsa jornada de protestas callejeras la noche del viernes contra la corrupción.

El llamado se hizo  este sábado se hace después de que la Policía evacuó el viernes a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban, a quienes los uniformados lanzaron gas pimienta.

Los parlamentarios permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

(Video) Protestas marcan festejos de independencia en Guatemala (AFP)

Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la Fiscalía y de una misión anticorrupción de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en el 2015.

Una parte de la población calificó estas decisiones como un "pacto de corruptos".

¿Quiénes convocan? El llamado al paro nacional lo apoyan diversas entidades campesinas e indígenas, el movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad, Justicia Ya y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC, estatal). El sector privado organizado no se ha pronunciado.

"Tenemos derecho a insistir en la esperanza de un futuro mejor, por lo que este miércoles 20 de setiembre iremos a un paro nacional", indicó un comunicado de Justicia Ya.

Manifestación para exigir la renuncia de los diputados. Ocurrió el viernes 15 de setiembre del 2017 en las cercanías de la sede del Congreso, en Ciudad de Guatemala. (AFP)

Puntualizó el porqué de  la protesta:  "Seguiremos insistiendo en la resistencia como medida para liberar a Guatemala de los grupos de poder que lo han cooptado".

Gabriel Wer, miembro de Justicia Ya,  adelantó que las demandas serán tres: la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las leyes de impunidad, la del gobernante Morales y una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El miércoles "saldremos a las calles en contra del actuar nefasto de los diputados que buscan pactos de impunidad y corrupción (...). Nuestras aulas serán las calles", afirmó  en un boletín la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC (AEU).

"Es necesaria la movilización en las calles porque es la que permite transmitir el repudio hacia las autoridades y hacer presión", aseguró Lenina García, secretaria general de la AEU.

Debido a los incidentes, la noche del viernes, en las afueras del Congreso cuando los policías lanzaron gases contra los inconformes, dos diputados de izquierda y un ciudadano presentaron un recurso ante la máxima autoridad judicial del país para garantizar las manifestaciones pacíficas.

El vocero de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, informó de que aceptaron los recursos y se ordenó  al presidente Morales que garantice la libre emisión del pensamiento y de reunión pacífica.

Además, le ordenó que preserve  estrictamente el orden público, con el objeto de prevenir y evitar actos de provocación o de violencia, lo que comprende la protección y garantía de los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que no participan en las actividades de protesta.

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