Centroamérica tiene problemas serios de gobernabilidad, sus Estados nacionales son débiles, los partidos políticos están fragmentados y tienen poco peso, y el Estado de derecho muestra graves falencias.
En los últimos 10 años, la democracia en la región sufrió retrocesos o se estancó, concluye el Quinto Informe Estado de la Región, que se dio a conocer a mediados de semana.
En cambio, entre el 2004 y el 2014, el poder militar se incrementó tanto en número de tropas como compras de armas y equipos bélicos, particularmente en los cuatro países que cuentan con fuerzas armadas: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En ese lapso, las adquisiciones a Estados Unidos saltaron de $21 millones en el 2004 a $2.015 millones en el 2014. Honduras concentró el 75,3% del total regional ($1.518 millones).
Costa Rica totalizó $142,6 millones en ese lapso y se ubicó en el segundo lugar.
El estudio pone de relieve que "la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico han abierto la puerta para la militarización, en aras de la seguridad ciudadana", tendencia que se favorece por la "debilidad crónica de los sistemas de administración de justicia".
El Informe advierte de que esa "revitalización de las fuerzas armadas" puede poner en riesgo la "tutela efectiva de los derechos humanos" si, a la vez, no se fortalecen las instituciones del Estado de derecho.
En el capítulo sobre el panorama político, también se destacan estos hallazgos:
* Los partidos políticos, son débiles, su actividad generalmente se limita a los periodos electorales y muchos sufren fragmentación por "transfuguismo".
* La merma en el apoyo a la democracia en años recientes sugiere que los sistemas políticos no están dando respuesta satisfactoria a expectativas como la representación política, bienestar y desarrollo de la población.
* La democracia muestra solo modestos avances y prima una "estabilidad política frágil y vulnerable", que puede llevar en la mayoría de países a "costosas involuciones o estancamientos".
Los fuertes del patio. Quienes sí se fortalecieron, en el último decenio, son los militares, lo que "es un retroceso pues volvemos a la tendencia negativa que dio pie a dictaduras militares o regímenes civiles tutelados" desde los cuarteles, manifiesta Rándal Arias Solano, director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem).
El Informe enfatiza en cómo los militares, tras los conflictos armados entre finales de los años 70 y mediados de los 90, se han reposicionado ahora como actores en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Recurrir a ellos para tareas de orden interno "provoca un traslape formal y material de las funciones de defensa nacional y seguridad pública", añade.
En Honduras y El Salvador los militares han salido a las calles a combatir las pandillas. En el primer país se creó en el 2013 la Policía Militar, en tanto que la Policía Nacional (civil) se ha visto sacudida por corrupción y connivencia con el crimen organizado que llevaron a una amplia purga.
En El Salvador se constituyeron, el año anterior, batallones del Ejército especializados para combatir a las maras.
Analistas consultados por La Nación coincidieron en que los ejércitos no son la mejor arma para enfrentar el narco y el crimen.
Para Lina Barrantes, directora ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, lo anterior demuestra que los militares "han sido hábiles y han tendido a 'reciclarse' en otro tipo de actividades".
Otro especialista, Constantino Urcuyo, advierte de que esa tendencia pone al descubierto que los dirigentes de la región, sobre todo los de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) no entienden que, en vez de echar mano a los cuarteles, aquellos desafíos se deben combatir reforzando las policías y el sistema judicial.
Para esos especialistas, el empoderamiento de los militares es consecuencia del desencanto con la democracia y la falta de consolidación del Estado de derecho y del poder civil.
Asimismo, hay coincidencia en el peligro que esa remilitarización implica para la vigencia de los derechos humanos y el futuro de la democracia en el Istmo.