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Tegucigalpa. AFP. A un año de que estalló el escándalo de infiltración de la Policía de Honduras por el crimen organizado , el proceso de depuración de la institución avanza lentamente, cuestionado por organismos de derechos humanos y observadores.
“Todo el proceso lo estamos haciendo enmarcados en la ley, con ayuda de países amigos por reclamo de la sociedad después de la crisis” que sobrevino en la Policía hace un año, declaró el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Unos 4.000 de los 14.500 policías, casi el 30% de la fuerza, deberían ser sometidos al proceso de depuración, que incluye verificación de su patrimonio y pruebas de polígrafo, psicológicas y antidrogas, para determinar si deben salir de la institución, calculó Bonilla.
“Son estimaciones y van a ir saliendo durante el proceso de esas ‘pruebas de confianza’; algunos han sido separados ya y otros se han separado solos: entre 350 y 400 se quedaron ‘faltistas’ (no volvieron al puesto tras salir de día libre) porque saben que se les sigue un control”, agregó el jerarca, sin precisar cifra de destituidos.
Lo sucedido. La noche del 22 de octubre del 2011 ocho policías mataron a dos jóvenes, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, tras perseguirlos por no detenerse en un retén.
Toda la trama que, según las investigaciones, montaron para encubrirse y descubierta por indagaciones propias de Castellanos y peritos de la UNAH, permitió develar un secreto a voces: sedes policiales que eran oficinas de apoyo a narcos, secuestradores, ladrones de carros, extorsionistas y sicarios.
