La nueva legislación se aplicará de forma paulatina, empezando por el control de cinco sectores básicos: alimentos, higiene personal y del hogar, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud.
“Llegó la hora de una gran tarea en defensa de la economía”, declaró Chávez, para quien la ley es “vital” contra “la especulación” y la inflación, que en lo que va de año acumula 22,7%, la tasa más alta de América Latina.
El gobierno anunció los primeros 18 productos que serán auditados por la recién creada Superintendencia de Precios y Costos con el fin de fijar rápidamente sus precios máximos y que se suman a una serie de productos básicos ya regulados desde el 2003.
Chávez, durante una llamada telefónica retransmitida por televisión, leyó la lista de las empresas que “van a ser fiscalizadas a partir de hoy” y a las que dijo “hay que meter el ojo”, entre estas varias extranjeras como Coca-Cola, Pepsi Cola, Nestlé, Johnson and Johnson, GlaxoSmithKline, Knorr y Unilever.
Para el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Botti, se trata de “un paso bastante notorio a una economía centralizada y planificada.
” La estabilidad de los precios no se logra con controles, sino con políticas económicas acertadas”, agregó Botti e indicó que estudia acciones judiciales contra la normativa.
El gobierno sostiene que la aplicación de la normativa empezará a surtir efectos positivos en el primer semestre de 2012, año de elecciones presidenciales, en las que Chávez, en el poder desde 1999, aspira a obtener un tercer mandato.
La Superintendencia revisará los costos de bienes y servicios, obligando a rebajar los precios que consideren “excesivos”, si bien no determinó por ahora qué márgenes de ganancias serán considerados abusivos.
A las empresas infractoras, el ente podrá multarlas o cerrarlas por hasta diez años.
La normativa prevé además dotar a los consejos comunales, agrupaciones vecinales cuya formación promovió Chávez, de un poder de supervisión.
Se “irá transfiriendo la capacidad de fiscalización a los consejos comunales”, de manera que a la larga el pueblo sea el “protagonista” del control a las empresas, explicó la presidenta de la Superintendencia de Costos y Precios, Karlin Granadillo.
Empresarios y economistas consideran que la ley supondrá un nuevo revés para la inversión y la productividad, en un país donde el sector privado se ha visto afectado por las expropiaciones y controles del gobierno de Hugo Chávez, como parte de su proyecto socialista.
Venezuela importa la mayoría de bienes que consume y es corriente el desabastecimiento cíclico de productos básicos.
Según datos de la firma Datanálisis, la escasez de alimentos regulados en Caracas alcanzó este mes su punto máximo desde marzo de 2008, al llegar al 22%.
Granadillo, exviceministra de Planificación de Ciencia y Tecnología, repudió las críticas.
“Nunca los precios estarán por debajo de los costos. Si los empresarios llegaran a poner esta excusa sería con una intención polÍtica (...) nosotros garantizamos que cubrirán sus costos y el margen de ganancias para sostener sus empresas”, prometió.
Pero el reglamento de la Superintendencia establece que para determinar los precios solo se tendrán en cuenta los costos y gastos directos, lo que supone el “problema más grave” de la nueva ley, según el expresidente de la organización empresarial Consecomercio Fernando Morgado.
La legislación fue aprobada en julio por Chávez, en el marco de los poderes legislativos excepcionales de los que dispone desde finales de 2010.