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Proceso de paz en Colombia enfrenta desafío de persistentes violaciones a los derechos humanos

Actualizado el 27 de marzo de 2014 a las 07:12 am

Las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan desde noviembre de 2012 en La Habana

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Bogotá

El proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano se desarrolla en Cuba, mientras en el país se siguen violando los derechos humanos, una realidad compleja que según la ONU plantea un desafío para cerrar el conflicto interno más antiguo de América Latina.

Colombia hace 50 años que vive sumida en un conflicto interno, con casi seis millones de personas afectadas por la violencia, de las cuales más de cinco son desplazados, una situación comparable a la de Irak, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado esta semana en Bogotá.

Las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan desde noviembre de 2012 en La Habana, no han detenido este éxodo y durante los 10 primeros meses de 2013 se registraron 55.000 nuevos casos, estima el estudio de la ONU.

"Cada día que hay un conflicto armado, hay nuevas víctimas, hay violencias", lamentó Todd Howland, representante en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

El conflicto interno en el cual han intervenido guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas criminales y agentes del Estado, ha provocado cientos de miles de víctimas.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo la semana pasada  que espera que el acuerdo de paz con las FARC se logre antes de finalizar este año.
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo la semana pasada que espera que el acuerdo de paz con las FARC se logre antes de finalizar este año. (AFP)
Durante 2013, mientras se desarrollaban las negociaciones de paz, los actores del conflicto, que está circunscrito a las zonas rurales, siguieron violando las normas internacionales.

Los reclutamientos de menores, las minas antipersonales, que han provocado la muerte de al menos 31 personas, 13 de las cuales eran civiles y que han herido a 254 (107 civiles), y los ataques contra la comunidad indígena muestran que los cargos hechos contra las FARC se mantienen.

"La situación de Derechos Humanos sí se ha deteriorado: en parte porque algunos frentes y columnas móviles de las FARC no logran ser sometidas al control y al mando del Secretariado de la guerrilla", dijo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Sin embargo, según el experto "la presión de la sociedad colombiana a las FARC, que por primera vez da la cara en esta materia, le sirve al proceso. Diversos indicadores muestran que la violencia que afecta a los civiles se ha reducido".

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Con respecto al Ejército, la ONU señaló que los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate, conocidos en Colombia como "falsos positivos", siguen siendo preocupantes. El organismo informó que 48 procesos por estas acusaciones son tramitados por cortes militares y no por tribunales civiles, en contra de los compromisos adquiridos por el Estado.

En este sentido, la violación de los derechos humanos podría amenazar aún más el proceso de paz, por los temores de que los rebeldes y los agentes del Estado se vean beneficiados por la impunidad.

A mediados de la década del 2000, la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares de derecha, que fueron eximidos casi completamente de cumplir penas de cárcel a cambio de entregar confesiones, es un ejemplo patente de esa impunidad.

Howland, señala a estos grupos como responsables de delitos de tráfico y explotación de minas ilegales.

"Muchas comunidades en zonas de conflicto ven el proceso de paz con bastante escepticismo e incredulidad", dijo Christian Voelkel, analista para Colombia del International Crisis Group. "Eso refleja tanto la violencia cotidiana como la experiencia de la negociación con los paramilitares".

Para Voelkel, una de las prioridades es recuperar la confianza y presentar avances rápidos y tangibles en materia de seguridad.

En este sentido, Eduardo Carreño, fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que las negociaciones de paz no han mejorado la situación de los derechos humanos, aunque cree que su suspensión implicaría una fuerte alza de la violencia.

Carreño denunció que la tasa de impunidad ronda el 98% y recordó que el año pasado 39 activistas fueron asesinados, especialmente líderes campesinos que luchaban por la restitución de tierras.

Por su parte, Anders Kompass, que dirige la división para las operaciones en terreno de la ONU, que vivió en 2002 en Colombia y fue testigo del intento anterior de negociación con las FARC, que aún cuentan con 8.000 efectivos, señaló la importancia de los derechos humanos.

"El proceso fracasó por las violaciones flagrantes, masivas, horribles sobre los Derechos Humanos", concluyó.

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