Este cartel, que exige el pago de un impuesto de guerra para garantizar la protección de ganaderos y cultivadores de limones en este estado esencialmente agrícola, ha encontrado resistencia. Algunos habitantes han tomado las armas y formado grupos de “autodefensa”.
Alejandro Ayala, trabajador que recogía limones –la principal actividad del lugar–, prefirió acudir a la ley. Él y decenas de trabajadores se reunieron el 10 de abril con Jesús Reyna, gobernador encargado del estado, para pedir ayuda.
Entonces, los almacenes de limón habían sido clausurados por los Caballeros Templarios en su guerra contra las “autodefensas”.
Cuando regresaba de la reunión, la caravana fue emboscada por los narcotraficantes. Ayala y otros nueve perdieron la vida.
Las tropas del Ejército tardaron un mes en lanzar la ofensiva militar que principió el domingo pasado. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció el martes que iba a quedarse hasta que el lugar recobrara la paz.
La mayoría de los escuadrones de “autodefensa” desaparecieron con el arribo del Ejército, pero prometieron retomar las armas tan pronto los soldados se vayan.
El Gobierno federal considera a los paramilitares tan peligrosos como los carteles de drogas.
La última vez que el gobierno federal realmente persiguió y desarticuló un cartel fue en 2010 cuando acabó con La Familia. La policía federal mató a su líder, Nazario Moreno González, en un intercambio de balas. Michoacán estalló en llamas y hubo tiroteos semanas después en diversos lugares. El resultado fue el desmantelamiento del liderazgo de La Familia, lo que permitió que ese cartel mutara en los Caballeros Templarios, que pronto tomó control del estado.
El cartel opera de manera relativamente abierta. Un hombre que se asemeja a su líder, Servando la Tuta Gómez Martínez, apareció recientemente en un video de YouTube, en el cual le pidió al gobierno federal hacer su trabajo. También se quejó de que las autodefensas eran enviadas por carteles rivales de fuera de Michoacán.
