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Washington. AFP En el agitado debate sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos, los inmigrantes se han convertido en un testigo mudo, utilizado sin complejos para criticar o justificar los planes del presidente Barack Obama.
“Los inmigrantes ilegales no estarán cubiertos (por el nuevo sistema de salud). Esa idea nunca estuvo sobre la mesa”, declaró Obama el sábado en su discurso radial semanal.
El presidente se refería al aspecto más controvertido del debate, que puede convertirlo en una victoria o derrota personal: la opción de crear un sistema de sanidad pública nacional.
El ambicioso proyecto, columna vertebral de esta administración, menciona que “nada en este apartado permitirá el pago de subvenciones federales a individuos que no residan legalmente” en el país.
Los inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal en Estados Unidos no tienen acceso a los dos únicos programas públicos de sanidad, Medicaid (para los pobres) o Medicare (para ancianos).
De los más de 45 millones de personas sin cobertura médica en el país, un tercio son inmigrantes.
Las acusaciones de que los indocumentados serán los principales beneficiarios de la reforma sanitaria han aparecido regularmente en las asambleas populares que han organizado durante agosto los congresistas para explicar su postura ante el plan.
Sin embargo, la realidad es que los inmigrantes, ilegales o no, acuden con mucha menos frecuencia a los hospitales que los ciudadanos nativos, y además gastan menos en cobertura médica.
“Los gastos médicos brutos de los inmigrantes fueron aproximadamente entre la mitad y dos tercios de los gastos de los ciudadanos estadounidenses, incluso cuando los inmigrantes estaban totalmente asegurados”, según datos del 2003 analizados por Ku Leighton, un experto en reforma sanitaria.
Las causas son variadas, pero la juventud y el mejor estado de salud de los inmigrantes son las predominantes. Entre los ilegales (unos 12 millones), es principalmente el miedo a ser detectados, dijo este experto.
