Según organismos de derechos humanos, el hacinamiento es un grave problema presente en las 24 prisiones hondureñas, construidas para albergar unos 8.000 presos, pero que mantienen unos 13.000, 60% de ellos sin condena.
La nueva iniciativa derogó una ley vigente desde 1927 y concede “el indulto por razones humanitarias, el cual podrá concederse a toda persona condenada, aún no cumpliendo la mitad de la pena, salvo casos de delitos graves como genocidio y crímenes de lesa humanidad”, así como violaciones a derechos.
Quedan también excluidos del beneficio los privados por “crimen organizado cuando se trate de asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsión”.
La ministra de Justicia, Ana Pineda, agregó que también “pueden optar todas las personas condenadas que hayan cumplido más de la mitad de la pena que observen buena conducta y patenticen un propósito de enmendarse pero que no hayan cometido esos delitos (excluidos)”. La ley se aprobó la noche del jueves justo cuando el presidente Porfirio Lobo escogió a tres juristas para preparar el traspaso administrativo de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario, creado en 2012, que buscará una solución a los problemas en las prisiones.