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El Cairo. EFE. La Fiscalía General egipcia pidió ayer la pena de muerte en la horca para el expresidente Hosni Mubárak por su nexo con la muerte de manifestantes durante la revuelta que llevó a su renuncia en febrero del 2011.
En la sesión de ayer, el Ministerio Público solicitó la aplicación de “la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte” informó uno de los abogados acusadores, Ashraf Atwa.
El pedido de la Fiscalía incluye al exministro del Interior Habib al-Adli y a seis de sus ayudantes quienes comparten banquillo con Mubárak en este juicio.
El Ministerio Público confirmó la “responsabilidad directa” de Mubárak y de al-Adli en la muerte de los manifestantes durante la revolución del 25 de enero y agregó que el expresidente, por su cargo, tuvo durante las protestas los mayores poderes y recibía informes, por lo que es imposible que desconociera que se estaba asesinando a civiles.
Al respecto, otro de los abogados de la acusación, Asaad Hekal, explicó que la Fiscalía reveló los testimonios de dos exministros del Interior, quienes aseguraron que la decisión de disparar contra los manifestantes no se puede tomar sin tener el permiso del presidente.
Hekal agregó que, conforme al Ministerio Público, el 27 de enero, dos días después del inicio de la revolución, se celebró una reunión en el Ministerio del Interior en la que se decidió utilizar la fuerza contra los manifestantes; lo cual condena a al-Adli y a sus asesores.
Durante la vista, el representante de la Fiscalía, Mustafá Suleiman, denunció que Mubárak tampoco usó sus prerrogativas ni forzó la dimisión de al-Adli porque tenía interés en reprimir la revuelta.
Suleiman también señaló que los agentes que cometieron crímenes contra los manifestantes en 12 provincias tenían instrucciones de los jefes de la Policía, y que no podían tomar decisiones individuales sin hablar con sus superiores.
La sesión de ayer era la última en que la Fiscalía presentaba acusaciones. En la próxima, el 9 y 10 de enero, se escucharán testimonios de familias de las víctimas.
Hekal se quejó de que dos días no son suficientes para escuchar a los defensores de las víctimas y a las familias de algunos revolucionarios, ya que representan un elevado número de testigos.
Mubárak, de 83 años, es juzgado también por un presunto delito de corrupción, por el que también son procesados sus hijos, Gamal y Alaa.
