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Madrid. EFE. El Gobierno español anunció ayer que agudizará la lucha contra el fraude fiscal como parte de su estrategia para reducir el déficit público en el 2012 del 8% del PIB al 4,4%.
La medida se suma a recortes en la Administración, como congelación de sueldos a funcionarios, y al aumento de impuestos aprobados la semana pasada, apenas 15 días luego de haber asumido el poder el conservador Partido Popular en el marco de la grave crisis económica que vive el país.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien informó de las decisiones adoptadas ayer, afirmó que con el Plan General de Control del Fraude que se quiere aprobar, se recaudarán 8.171 millones de euros ($10.200 millones) en el 2012.
Una medida del plan elaborado por el Ministerio de Hacienda prevé implantar la limitación del pago en efectivo para determinadas transacciones (siguiendo el ejemplo de Francia e Italia), pero la portavoz evitó detallar la cantidad máxima, que en esos países está fijada en 3.000 y 1.000 euros, respectivamente. El Gobierno cree que la iniciativa puede ser muy útil para detectar “grandes bolsas” de fraude.
También se potenciará “la autorregulación voluntaria” en la declaración de la renta, con la idea de que los pequeños contribuyentes” puedan comunicar a la Administración Tributaria si han incurrido en algún “error” en sus declaraciones y así evitarse el inicio de algún tipo de procedimiento de sanción.
“Así la investigación contra el fraude fiscal podrá estar más centrada en los grandes expedientes”, añadió Sáenz de Santamaría.
Nuevos datos de desempleo indican que al cerrar el 2011 había 4,42 millones de desempleados, casi el 22% de la población activa.
